¿Una posibilidad de construir una salida popular y proletaria a la crisis?
Giovanny Bermúdez Mendoza
Centro de Pensamiento y Teoría Crítica Praxis
Inicia el segundo año del gobierno de Gustavo Petro en medio de un proceso de reajuste de su estrategia de gobernabilidad y de agitadas contradicciones con las clases dominantes. Han sido intensas las pugnas durante el primer trimestre de este segundo año y dejan ver a distancia que los meses por venir serán aún más complejos y difíciles. En ese contexto, la médula central que orienta la actual estrategia de gobernabilidad, consiste en el llamado a construir un nuevo Acuerdo Nacional sobre la base de su programa orientado a conciliar los contradictorios intereses de las fuerzas sociales y políticas del país.
Sin embargo, el llamado presidencial a modernizar el orden institucional choca con las contradicciones de nuestra sociedad capitalista. Es por eso que su propósito no llega a buen puerto, pues parte del hecho de que las relaciones sociales que rigen nuestra sociedad son pre-capitalistas, al igual que la racionalidad de los agentes que las gestionan, oscureciendo el hecho de que son precisamente producto del proceso de desarrollo del capitalismo a la colombiana. Es decir, para la óptica progresista la conflictiva realidad de nuestro país se debe a la ausencia de modernidad capitalista, más no al resultado lógico del funcionamiento de sus leyes generales.
No existe un país feudal y precapitalista que tenga que ser arrastrado hasta la mayoría de edad de las modernas relaciones sociales de producción del capitalismo avanzado y de su correlato de democracia liberal. Simplemente nuestra realidad es el resultado de la forma más conveniente que las clases dominantes han encontrado para reproducir sus relaciones hegemónicas de poder social.
El capitalismo colombiano se reproduce mediante empresas avanzadas y de gran tamaño, similares a las de países de alto ingreso, estas firmas colindan con una enorme economía de baja productividad sostenida a partir de empresas medianas y micro, y en donde grandes grupos de población sobrante para el capital se reproduce bajo relaciones laborales de auto explotación y subutilización económica, en campos y ciudades. Esto da lugar a un polarizado ordenamiento social, mediante el cual se garantiza la centralización de la gran propiedad de medios de producción en manos de una reducida clase de propietarios que han cerrado el círculo vicioso de sus intereses mediante la producción de una formación particular de Estado.
De aquí que un posible Acuerdo Nacional tenga más trabas en las contradicciones materiales que en la racionalidad pragmática de las fuerzas en pugna, que sus choques puedan entenderse desde la crudeza de las primeras. Pero los hechos políticos, aún intensos, no van a la profundidad material de las contradicciones sociales, simplemente levitan en aspectos superficiales y limitados, pero, aun así, resultan ser amenazas para el status quo, debido al carácter retardatario de las clases dominantes colombianas.
Las aristas de la coyuntura
Los hechos del pasado 20 de julio consolidaron la fractura institucional entre la cabeza del poder legislativo y la del gobierno nacional. El golpe de mano que los sectores de oposición asestaron a las fuerzas parlamentarias del oficialismo reequilibró la correlación de fuerzas en el parlamento a su favor, sin que la oposición supere aún su vacío de liderazgo y unidad orgánica.
El ascenso del senador Iván Ñame del Partido Verde a la presidencia del Senado de Colombia, un viejo verdugo de las fuerzas parlamentarias del Pacto Histórico, fue posible por la melodramática pugna entre las fuerzas del bloque de gobierno que, divididas, no pudieron hacerse al control del principal cargo del legislativo nacional, aunque aseguraron la presidencia de la cámara baja evitando un descalabro mayor.
El resultado no pudo ser peor por cuanto el llamado del presidente Gustavo Petro al Acuerdo Nacional cayó sobre los pies del nuevo presidente del Senado, quien rápidamente lo condicionó a su criterio de independencia [1]; desde entonces, el corto circuito entre el jefe de la Casa de Nariño y el jefe del salón elíptico del Congreso de la República es la constante, lo que complica la gestión de las reformas sociales.
Son menos pesimistas los resultados de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La entrada del cese al fuego entre ambos bandos y el lanzamiento del Comité Nacional para la Participación (CNP) permitió dar un nuevo impulso a la propuesta del Acuerdo Nacional, que nuevamente fue catapultada por parte del presidente Gustavo Petro como el techo y la base programática para orientar el desarrollo de la Mesa de Diálogo entre el Estado y la insurgencia y la presente etapa de participación de la sociedad.
Sin embargo, la manera en que respondieron los sectores de la derecha colombiana ensombreció el panorama. En esta línea operó el saboteo institucional del fiscal Francisco Barbosa mediante la simulación de un atentado en su contra por parte del ELN, amenaza que también recaería sobre la senadora María Fernanda Cabal y el general Eduardo Enrique Zapateiro, el cual fue desmentido por esta insurgencia y tratado con distancia por parte del ministerio de defensa y la inteligencia militar. A esto se suman, la ofensiva paramilitar contra sectores del proletariado rural en diferentes regiones del país; la estrategia de las grises fracciones residuales de las extintas FARC y la compleja disputa interina al interior de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa.
Por otro lado, al conjunto de intelectuales orgánicos que orientan los medios de comunicación y las maquinarias políticas a fines a los intereses de las clases dominantes se unen los alfiles empresariales del gran capital, quienes de forma activa ocupan hoy parte de la primera línea de ofensiva anti-gobiernista. Así lo deja ver la actitud expuesta en los múltiples encuentros de los sectores del Consejo Nacional Gremial con el presidente Gustavo Petro, las preocupaciones causadas por la incertidumbre macro económica y los posibles efectos de la repartija del presupuesto público, sin contar con las carteras gremiales [2].
La causa de esta ofensiva del gran capital es su dependencia estructural de apalancamiento con fondos públicos para sostener su tasa de ganancia. Este drenaje de recursos fiscales hacia el sector privado fue condicionado por el gobierno progresista, quien no tiene aún claridad sobre la estrategia de acción macro económica. Otras razones detonantes de esa ofensiva son; las paliativas reformas sociales del gobierno, enfocadas al reordenamiento parcial de los factores jurídicos que sostienen la “confianza inversionista” y el privilegio de los oligopolios financieros e industriales que les permiten controlar en promedio anual el 40% de la riqueza nacional [3].
El consenso nacional y la democracia social
Pese al negacionismo inicial del bloque progresista frente a las críticas que pusieron en evidencia el alcance limitado del paquete de reformas sociales y las contradicciones internas de la estrategia de alianza con los sectores tradicionales. Fue el propio presidente Gustavo Petro quién reconoció el fracaso de su estrategia gubernamental durante el primer año y las contradicciones que hoy enfrenta debido al fallo de su cálculo político; también, quién marcó un nuevo campo de posibilidad política para las fuerzas sociales que juegan dentro de su canal de acción y quién reafirmó la centralidad de los sujetos políticos, que dice representa su apuesta de cambio [4].
Las contradicciones con las clases dominantes suben de temperatura y esto satura aún más el campo institucional del progresismo. Frente a esta situación es que se hace urgente la necesidad de vincular, al campo de la disputa política, el amplio conglomerado de poblaciones proletarias que hoy padecen las tremendas condiciones de pobreza y sobrexplotación laboral. De esta cuestión parecen estar conscientes los bandos en pugna, al dedicar considerables esfuerzos para vincular los más amplios sectores sociales y populares a sus empresas políticas a fin de presionar un cambio en la correlación de fuerzas.
Del lado de la derecha la cosa no ha resultado del todo bien, al constatar su crisis de legitimidad en los pobres resultados a sus llamados a la movilización callejera y el poco apoyo de sus propuestas de golpismo institucional. La estrategia del bombardeo mediático y la masiva fabricación y denuncia de escándalos políticos han dado apenas para estimular el desprestigio y la pérdida de popularidad del gobierno progresista, sin lograr minar su legitimidad institucional, ni poner en riesgo su continuidad orgánica.
Para los sectores del gobierno, aun con mayor respaldo popular en la calle, la situación se torna difícil. Más allá de las expectativas que suscitan las reformas sociales, las políticas de atención a la pobreza y de empuje a la economía de subsistencia, no se ha cristalizado una estrategia sólida que haga más compacta y activa la participación de estos sectores en los escenarios de la lucha política y logré superar su posición como poblaciones beneficiarias de subsidios y política social; también, porque la agenda gubernamental es incapaz de superar aún las limitaciones de su propio enfoque de minorías sociales y de trato de segundo orden a temas tan relevantes para las poblacionales urbanas como la vivienda, el trabajo informal, el desempleo y la movilidad.
Los amplios sectores sociales y populares de los cuales emanó el ascenso del gobierno parecen extraviados en el contexto de la gran política nacional, pese a los múltiples llamados a su movilización, es por esto que el argumento del gobierno de que cuenta con una amplia base social es frecuentemente rebatido por las fuerzas políticas de oposición. Los principales funcionarios públicos en el parlamento y los diferentes estamentos gubernamentales arguyen ser los legítimos representantes de la sociedad, por cuanto a ella se deben sus credenciales institucionales, condición que les permite acusar los constantes llamados a la movilización popular como intentonas populistas enfocadas a patear el tablero de la institucionalidad y que colocan en riesgo la intachable hoja de vida de la democracia colombiana mediante el llamamiento al caos y el desorden civil [5].
Para las clases dominantes el Acuerdo Nacional debe tomar su representación institucional como la única vocería legítima de la sociedad, sin importar que está traduzca la voz de los intereses de las clases dominantes; además es en función del grado de vinculación de sus demandas de representación política y beneficio económico que valoran el espíritu democrático de la actual propuesta de diálogo y acuerdo nacional. Ello, a pesar de que sean precisamente éstas las que sostienen las contradicciones principales de los conflictos en cuestiones como la salud, las pensiones, el trabajo formal, el modelo agrario y minero energético.
En este contexto el llamado a la participación de la sociedad, realizado desde la mesa de diálogo entre el ELN y el gobierno nacional, ha remarcado la necesidad de ampliar el debate nacional y moverlo de los centros tradicionales de la política, para impulsar la movilización de la sociedad en función de la deliberación de los grandes problemas del país y en la búsqueda de alternativas de soluciones.
Sin embargo, es posible que dicho proceso, por su énfasis en los sectores formalmente constituidos como parte de la “sociedad civil”, corra el riesgo de no posibilitar la participación de las clases proletarias excedentarias que por si condición social y económica no cuentan con capacidad ni instrumentos solidos de representación institucional en los ámbitos de la política y de lo político; también, de que sus límites terminen siendo los mismos que subyacen a la intención del gobierno de lograr un Acuerdo Nacional en beneficio de segmentos sociales que desfigura como multitudes sin concreción ni forma política [6].
Todas estas limitaciones reflejan la crisis de la democracia contemporánea, producto del desencaje al que la somete la crisis capitalista. La cual lleva sus contradicciones al límite, sin posibilidad de superarlas por sus propios canales de racionalidad política. En particular, se quiebra la tradicional división técnica de la política representativa que, terceriza su el ejercicio, al separar el mundo de lo político de la sociedad real mediante el rol del político y el burócrata profesional, pero sin proponer horizonte alguno y salidas estratégicas de mayor alcance, que tiendan a pensar las soluciones por fuera de lo ya establecido.
El reto es enorme, por cuanto se trata de comprender no sólo la crisis de la democracia, sino además, de perfilar otra nueva, más si se consideran las actuales condiciones de nuestra sociedad, envuelta en siglos de doctrina señorial y conservadora, abigarrada en una formación estatal hegemónica que suele asumirse a sí misma como insuperable debido a que gran parte de la sociedad la adopta como el estado natural de nuestra forma de vivir en sociedad, muchas veces, a pesar de que esa misma máquina institucional reafirme los privilegios de pocos como si fueran derechos inalienables o naturales, pasando por encima de la dignidad de muchos.
El problema es complejo si se considera que no sólo se trata de impulsar una simple conciencia de los asuntos civiles, de lo político y de la causalidad de los problemas comunes, sino, fundamentalmente, de alcanzar una actitud de compromiso y protagonismo social en la producción material y en la gestión de las fuerzas productivas que garantizan la reproducción de la sociedad, es decir, rediseñar la forma en que se organiza el trabajo en sociedad y se socializan los productos del trabajo social.
En esto, tanto el Acuerdo Nacional, como el llamado a la participación de la sociedad debe ser orientado a fortalecer al sujeto proletario y popular mediante la extensión de un programa de cambios estructurales de mediano y largo plazo que garanticen las transformaciones desde una óptica de nueva democracia social y popular.
Así, el campo popular debe seguir avanzando en la concreción de una salida propia a la crisis de la nación, en la maduración de apuestas programáticas y en la consolidación de espacios y procesos que fortalezcan sus fuerzas de agenciamiento en donde las asambleas populares, la autonomía orgánica y política y la construcción de propuestas de solución a los grandes problemas del país incentiven procesos de liderazgo e investigación colectiva.
Notas
1. Al respecto declaró el senador Ñame: “La voluntad del Congreso sobre el tema es estudiar las reformas y poder lograr los mejores resultados posibles para los intereses de la nación. Pero las reformas no salen como entran porque para esos existen el Congreso y el parlamento. Soy partidario de un acuerdo nacional pero basado en el respeto”. 2023/ 13 de agosto. El tiempo. Pág. 1.8.
2. En reunión con el Consejo Gremial el presidente Petro insistió en su llamado a un Acuerdo Nacional y según el diario el tiempo planteó a los gremios: “tiene que hacerse con sinceridad y pasa, entre otras cosas, por tener energía eléctrica barata, que representa un motor de desarrollo; lograr reducir las tasas de interés y democratizar la tierra. En resumen, enfrentar la desigualdad social y ser más equitativos” (Vargas Cuellar, 2023)
3. Plantea Vargas Cuellar Juan Pablo en el diario la republica que: “Según Oxfam, de la riqueza que se crea en el país, 45% queda en las manos del 1% más rico y 42,6% va para el otro 9% de ese primer decil.” (Vargas Cuellar, 2023).
4. En este sentido se refirió el mandatario en entrevista a la revista Cambio publicada el domingo 27 de agosto en donde afirmó: “yo voy a decir que cometí un error histórico, la idea de hacer un acuerdo nacional que está ahí… yo la traduje en el gabinete atrayendo sectores que no estuvieron conmigo, proponiendo algo que ha terminado una ingenuidad, lo hice de buena fe, producir un acuerdo sobre la mesa, es decir ustedes son esto, ustedes representan esto, los bancos, las EPS unos intereses, tienen unas ideas sobre el tema, nosotros representamos esto, nosotros representamos campesinos, obreros, gente del barrio popular, jóvenes… los llaman ahora, jóvenes esos somos nosotros, esos son los que votaron por nosotros y nosotros tenemos otras ideas sobre cómo debe ser la manera de satisfacer estos sectores que han sido los tradicionalmente los excluidos…”.
5. En ese sentido se pronunció Efraín Cepeda presidente del directorio del partido Conservador: “Las recetas unilaterales polarizan, el camino es escuchar al pueblo y a los partidos. Las reformas deben nacer desde el Congreso, que es la expresión de los ciudadanos; el gobierno no puede desconocerlo”. Lombo Delgado. J.S. 2023/ 25 de junio. El Pacto envía señales de diálogo, pero lenguaje del mandatario va en contravía. El tiempo. Pág. 1.3.
6. Colombia+20, 2023.
Bibliografía
* Colombia+20. (13 de 06 de 2023). https://www.elespectador.com/. Obtenido de https://www.elespectador.com/: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/dialogos-con-eln-fases-y-proceso-de-la-participacion-de-la-sociedad-civil/
* Garcia Maecha, C. A. (12 de 09 de 2023). https://www.msn.com/. Obtenido de https://www.msn.com/: https://www.msn.com/es-co/noticias/other/el-consejo-gremial-se-reuni%C3%B3-finalmente-ayer-con-el-presidente-gustavo-petro/ar-AA1fXNwL
* Vargas Cuellar, J. P. (24 de 01 de 2023). https://www.larepublica.co. Obtenido de https://www.larepublica.co: https://www.larepublica.co/economia/unicamente-12-4-de-toda-la-riqueza-creada-se-distribuye-en-90-de-la-poblacion-3528472