Altas tasas de interés del Banco de la República protegen a grandes rentistas
- Álvaro Martín Moreno Rivas
- 25 abr
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Álvaro Martín Moreno Rivas, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
Hernando Matallana Laverde, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
El Banco de la República ha decidido mantener inalterada su tasa de interés hasta mayo de 2025. Esta decisión no sería, sin embargo, un ataque directo al Gobierno nacional, sino una medida que favorece a los grandes propietarios de riqueza.
A las 11:00 a. m. del domingo 30 de marzo de 2025, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo (2022-2023) escribió en su cuenta X: “lo prudente es que el Banco mantenga las tasas vigentes en su reunión de mañana”. Al día siguiente se materializó la demanda verbal del exfuncionario por la regla de mayoría de la Junta Directiva, un procedimiento que por lo demás es de naturaleza política. El resultado fue recibido por la prensa y los analistas con cierto alivio y triunfalismo. “Primó la sensatez”, sentenció El Espectador en su primera plana; “En Junta del Emisor la cautela le ganó al nuevo minhacienda”, escribió Holman Rodríguez para Portafolio. En cambio, el presidente Gustavo Petro rechazó de plano la política recesiva del Banco de la República y cuestionó de paso el sentido político del trino de su primer ministro de Hacienda. A la polémica se sumó el ex viceministro técnico Gonzalo Hernández (2022-2023), quien repitió las justificaciones de Ocampo en Caracol Radio y manifestó que la decisión del Banco fue acertada.
Del mismo modo que en el cuento “El misterio de Silver Blaze”, la clave que le permite a Sherlock Holmes resolver el misterio fue que el perro no ladró; la pista para entender la decisión del 31 de marzo de la Junta Directiva del Banco de la República es precisamente lo que no sucedió. El “curioso incidente” fue que la tasa de interés no cambió. Aunque se adujo que el proceso desinflacionario mostraba cierto estancamiento, no existían signos claros de revertirse. Si se toma como referencia la inflación medida por el IPP (índice de precios al productor) —que es un buen predictor de la inflación medida por el IPC (índice de precios al consumidor)— se encuentra que la tasa de inflación anualizada se redujo de 5,65 % en enero de 2025 a 4,70 % en febrero de 2025, mientras que su variación mensual pasó de 0.7 % a 0.0 % respectivamente. Lo que indica que la inflación futura medida por el IPC podría continuar su senda decreciente.
De otro lado, la brecha del producto (diferencia entre lo que produce el país y lo que podría producir a su máxima capacidad, que es el PIB potencial) tampoco muestra signos que sugieran la presencia de tensiones de demanda por un fuerte crecimiento económico que pueda amentar los precios de los productos. La economía crece a tasas menores de su PIB potencial. Por último, el déficit en cuenta corriente (balanza comercial más pago neto de ingreso a factores extranjeros) a 31 de diciembre de 2024 fue de apenas -1.81 % del PIB, un déficit que no representa ningún riesgo para el manejo cambiario, por mayor demanda de divisas, y tampoco para la posición de reservas internacionales del Banco Central. En otras palabras, existía espacio para una reducción sensata y cauta de las tasas de interés.
¿Un ataque político?
Sin embargo, el origen de la polémica no reside en estos puntos. El presidente Gustavo Petro denunció en su cuenta X la conformación de una coalición uribista en el seno del Banco Central, cuyo objetivo es torpedear la recuperación de la economía, manteniendo tasas de interés reales recesivas que deterioran el balance fiscal del Gobierno, ya sea aumentando el costo financiero de la deuda en moneda nacional o afectando negativamente el recaudo tributario. Por su parte, el exministro Ocampo justifica la decisión aduciendo que las dificultades fiscales ameritan un compás de espera, mientras se adoptan las medidas correctivas. Los problemas de caja del Gobierno y las maniobras presupuestales asociadas a los aplazamientos de gasto y al uso de las transacciones de única vez terminan maquillando la verdadera situación de las finanzas públicas, que es lúgubre.
Tenemos que decir que ninguna de las dos explicaciones es convincente. El petro-keynesianismo del primer mandatario incurre en la falacia “post hoc ergo propter hoc”, “después de esto, luego, por esto”. A posteriori, es decir, una vez que suceden los hechos, se puede justificar o explicar cualquier cosa. Si la tasa de interés no cambió fue porque existía una coalición uribista que bloqueó la decisión correcta. Claramente, de lo segundo (no cambió la tasa de interés) no se deduce lo primero (la existencia de una coalición uribista en el Central). Diferentes codirectores en otras ocasiones han mantenido constante la tasa de interés y no por ello se puede afirmar la existencia de algún tipo de coalición en contra del Gobierno de turno. Del mismo modo, el argumento del Ocampo-postkeynesianismo asume de manera a priori que la hipótesis de la dominancia fiscal (el Banco Central se subordina al gobierno de turno) se cumple en Colombia por el mero hecho de que existen dificultades financieras del Gobierno nacional; es decir, postula una situación en la cual las decisiones del Gobierno nacional en materia de ingresos, gastos y endeudamiento restringen las acciones de las autoridades monetarias para alcanzar sus objetivos.
Sin embargo, investigadores del propio Banco de la República han mostrado que la hipótesis de la dominancia fiscal no se cumple empíricamente para el país y por ende se carece de evidencia para sostenerla. Como lo expresan Ignacio Lozano y Magaly Herrera en el Borrador de Economía 485 del Banco de la República de 2008: “Los resultados tanto del modelo base como de sus extensiones, no permiten confirmar la existencia de un régimen No-Ricardiano o de dominancia fiscal en la economía colombiana durante el período de estudio. Por sustracción de materia, se concluye que el régimen Ricardiano o de dominancia monetaria es el más plausible para explicar la relación entre la política fiscal y la política monetaria durante los últimos años. Esto significa que las políticas de ingresos y gastos del Gobierno nacional fueron coherentes con la condición de solvencia de sus finanzas en el largo plazo y parecen no haber afectado las decisiones tomadas por la Junta Directiva del Banco de la República para controlar la inflación”. Más allá de las retóricas encendidas sobre si se cumplió o no la regla fiscal, los patrones de mediano y largo plazo de las finanzas públicas no permiten por ahora desvirtuar las conclusiones del estudio citado: en Colombia no existe un régimen de dominancia fiscal.
El perro no ladró
Si ninguna de las explicaciones es convincente, ¿cuáles fueron entonces los verdaderos motivos para mantener invariante la tasa de interés? ¡Elemental, mi querido Watson! Primero, no cabe la menor duda de que la reunión del lunes 31 de marzo fue la más importante para la Junta Directiva del Banco de la República desde su creación en 1991. Segundo, estaban en riesgo sus dos activos más importantes: su independencia de cara al Gobierno nacional y su papel como “gerente del club de banqueros”, para usar las ilustrativas palabras de Charles Goodhart.
La independencia estatutaria y las restricciones constitucionales del Banco Central, junto al hecho de que debe ser acreedor neto de los bancos para desarrollar su política monetaria, establecen límites al financiamiento del gasto público mediante la emisión monetaria, el fruto prohibido del Gobierno nacional. La doble naturaleza de las tasas de interés de un lado como precio (costo en que incurren los bancos para acceder al dinero del Banco Central y en el que incurren firmas y hogares para acceder al crédito bancario), y de otro, como fuente de ingreso (de los rentistas), le otorga al Banco Central un papel decisivo en la distribución de este último entre las clases funcionales de la economía, o sea, entre los propietarios privados del stock de riqueza económica en la forma de la ganancia y el interés, de una parte, y los trabajadores en la forma del salario, de otra.
Como lo explica el keynesianismo monetario, la tasa de interés que fija el Banco Central no es independiente de lo que sucede en los mercados de activos y de capitales, puesto que toda variación de su tasa impacta y altera el arreglo de los premios, pecuniarios y no pecuniarios (monetarios y no monetarios), tanto de los activos financieros como de los bienes de capital como de la propiedad tangible (por ejemplo, oro y bienes inmuebles). El Banco Central no tiene la libertad absoluta de fijar el nivel de la tasa de interés puesto que los propietarios de riqueza le imponen, a través de su cálculo de portafolio, condiciones y limites que de ser violados pueden desencadenar cambios en los premios de los activos y en consecuencia en su valoración, que comportarían la desestabilización de la tasa de cambio en el frente externo y agudizarían la inflación en el frente interno.
En otras palabras, el Banco Central bien puede ser independiente del Gobierno, pero no lo es de los mercados de dinero, crédito y capital, por cuanto su función vicaria de garante del interés particular de los propietarios privados –la protección del valor real de su riqueza económica, incluso al precio de una recesión– le exige generar la coherencia de estos mercados monetarios y financieros. Contrario a lo que sugieren los ortodoxos de la nueva síntesis neoclásica y los heterodoxos postkeynesianos y neocartalistas, el Banco Central fija la tasa descuento, no en función de minimizar la pérdida de bienestar social (crecimiento, empleo y salario real), sino en función de la lógica de mercado monetaria propia del capitalismo, o sea, de la propiedad privada. “Money rules the world”, dice con razón el adagio anglosajón, no el óptimo de Pareto y tampoco el pleno empleo.
Ahora bien, bajo esta lógica de mercado monetaria, la regla justa de la tasa de interés de la política monetaria es aquella que garantiza que la tasa de interés real sea igual a la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo, un concepto propuesto por Luigi Pasinetti. Si se cumple con este criterio, la distribución del ingreso entre salarios y beneficios permanece invariante. En el Gráfico 1 se muestra la evolución de la productividad media de trabajo de la economía colombiana y el índice de la tasa de interés real calculada con la tasa de interés de los CDT a 90 días.
En el gráfico se observa que, desde el tercer trimestre de 2023 hasta el cuarto trimestre de 2024, el Banco de la República ha mantenido una política monetaria de altas tasas de interés reales muy por encima del crecimiento de la productividad media del trabajo. Dicha política viola evidentemente la regla de tasa de interés justa. En este sentido, la desinflación en Colombia se ha alcanzado gracias a un importante deterioro de la condición económica de los trabajadores asalariados a favor de los rentistas y de los propietarios de riqueza, una consecuencia del papel que el Banco Central debe cumplir en un mundo definido por las reglas de juego de una economía monetaria de producción, en la que el dinero tiene un papel central y afecta las motivaciones y decisiones.
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