Por: Ricardo Apolinar & Edgar Fernández
Los medios capitalistas de comunicación han estado notificando que la rampante inflación de precios en los alimentos se agudizará por efecto de la guerra sobre Ucrania, de modo que el problema del hambre se agravará en los siguientes meses. Lo que dicen es que cerca del 40 % de materias primas básicas para elaborar fertilizantes que provenían de Rusia y Ucrania ya no se podrán importar, lo que solamente es una verdad a medias. De ese modo, si hace unos meses se culpaba al paro nacional de 2021 de la inflación y después se naturalizaba como consecuencia del mercado mundial [1], ahora se busca el mismo efecto culpando a Putin.
No obstante, la rapiña capitalista sobre Ucrania ha sacado a relucir la altísima concentración que rige en la oferta de fertilizantes para la agricultura y su efecto negativo en los precios. Más aún, el contexto debería llevarnos a formular otras preguntas ¿Por qué el país debe importar las materias primas básicas para producir fertilizantes? ¿Cuáles son los efectos de tal dependencia? ¿Es posible una política alternativa que reduzca esa dependencia?. Debido a la complejidad que implican, aquí solamente se abocadeara parte del contexto a partir de considerar la producción de urea en el país.
Los componentes básicos para producir los fertilizantes químicos son fósforo (P), potasio (K) y nitrógeno (N). Al parecer en el país las fuentes de los dos primeros son escasas, mientras que el tercero se puede obtener capturando nitrógeno atmosférico mediante una reacción química a partir del gas que permite obtener urea y nitratos, elementos que significan la mitad de los fertilizantes que se usan en el país. El uso de fertilizantes químicos se generalizó a partir de los setenta mediante la imposición de la llamada “Revolución Verde”, que posibilitó saltos entre el 150 y 300% en los rendimientos de la producción agrícola [2]. En 2010 Colombia era, con mucha diferencia, el segundo país en Latinoamérica que más los utilizaba por hectárea [3]. Esta condición se traduce en una estructura productiva donde los agroquímicos (plaguicidas y fertilizantes) pesan entre 13 y 35% del total de costos, siendo el de los fertilizantes entre el 8 y 28% [4].
Esa consumo ha evolucionado de la mano de la dependencia en la importación de las materias primas, y de una creciente monopolización de su oferta interna. El sector de la producción de agroquímicos es intensivo en capital, y desde que se inició en los años sesenta ha predominado la tendencia a su concentración en pocas empresas. Así en los años setenta cuatro empresas dominaban la producción básica: Amocar-Abocol, Monomeros, Ferticol, y Acerías Paz del Río, siendo realmente dominantes las dos primeras, mientras la distribución final no estaba concentrada.
Para esos años, la producción primaria de urea y nitratos la realizaban Amocar (85%) y Ferticol (15%), en plantas que eran muy pequeñas para generar las economías de escala necesarias, lo que afectaba sus estructuras de costos. A esto se agregó que Amocar-Abocol recibía subsidio estatal en el uso del gas, bajo el compromiso de mantener una relación entre su precio de producción y el de venta final. Sin embargo, aprovechando su posición dominante los vendía con un diferencial hasta del 60%. A pesar de esto, para mediados de los setenta la producción interna había logrado sustituir hasta el 70% de los fertilizantes nitrogenados que por entonces requería la agricultura, mientras que se importaba el 100% de potasio y el 82% de fósforo [5].
Pero esa estructura se modificó a raíz de la crisis mundial de 1974, crisis manifiesta en altos incrementos en los precios del petróleo y gas. Para enfrentar el incremento de precios, en 1976 el gobierno liberalizó las importaciones de fertilizantes y en 1977 Amocar abandonó la producción de urea, quedando únicamente en pie la pequeña porción de la estatal Ferticol. En ese momento, los estudios mostraban la necesidad y viabilidad de ampliar las plantas productoras [6], pero, por el contrario, el gobierno prefirió alentar las importaciones y dejó que Ferticol languideciera en forma permanente. Frente a tal decisión se opusieron los trabajadores de la Unión Sindical Obrera-USO, quienes siempre exigieron una política nacional que garantizara los insumos.
Así, la ausencia de una política estatal consistente y de fondo fue sustituida por el manejo inmediatista del libre cambio. El alza del petróleo y gas elevó también los precios de los fertilizantes y estos empujaron los de la agricultura, con lo cual la inflación tomó carrera en un ambiente de descontento social y sistemáticas huelgas de trabajadores. Como algunos saben, esa situación social detonó en el impactante paro cívico nacional de septiembre de 1977, que reclamaba mejoras salariales y control a la inflación, y fue atendida mediante represión y asesinato por el gobierno de López Michelsen. Este cuadro social en buena medida se repite en las recientes protestas de 2019 y 2021.
Desde aquellos años, las políticas estatales se justifican en nombre de la eficiencia, la que supuestamente sería resultado de la libre competencia en el mercado. Así, la aplicación de tal criterio al sector de los fertilizantes, condujo a que en 2009 seis empresas dominaran el 94% del mercado nacional (Monomeros 37%, Abocol 20%, Ecofertil 15% y Yara 13% [7]). Esa situación se agudizó en 2015, y fue reconocida por el entonces ministro de Agricultura Aurelio Iragorri quien aseguró “que el 80% del mercado de los fertilizantes se reduce a dos compañías” [8]. Estas dos son Yara, de capital holandés que compró a Fosfatos Boyacá (2014) y a Abocol (2015) pasando a cubrir el 40% del mercado [9], y Monomeros, que dominaría hasta otro 50 % de la producción de fertilizantes [10] y que acaba de ser hábilmente rapada de las manos del gobierno venezolano, aduciéndose malos manejos y una defensa de la seguridad alimentaria del país.
Este resultado práctico de las políticas estatales contrasta incluso con el discurso de la libre competencia, y más bien da lugar a diferenciales de precios de entre 20% a 40% en el sector de los fertilizantes [11], aspecto que el paro campesino de 2013 ya había sacado a flote. Esa situación ha pretendido ser negada por el actual gobierno, a través del Ministerio de Agricultura-MADR, al afirmar que no había encontrado evidencia de poder dominante en los mercados del país, ni de que “hubiera abuso en los procesos de fijación de precios”, razón por la cual se mantiene la libertad vigilada de precios que proveniente de 2006 [12]. Por tanto, el discurso de la “eficiencia”, que favorece la concentración de capital, de un lado, y genera hambre del otro, es tan criminal como la guerra de Ucrania, porque se hambrea a un pueblo para después someterlo a la limosna y al clientelismo, como lo viene haciendo el gobierno de Duque.
Junto a la altísima concentración del mercado de fertilizantes está la dependencia del 80% en las importaciones de sus materias primas que entre 2007 y 2008 se manifestó en un incremento de precios que osciló entre 150% y 250%, (Conpes 2009, pg. 10), empujado por la subida del gas. En 2009 el mercado nacional de fertilizantes fue de 1,6 millones de toneladas, de los que el 30% fue urea y 26% cloruro de potasio. En ese momento, las importaciones de urea provenían “principalmente de Rusia (29%), Venezuela (20%), Trinidad y Tobago (14%) y Ucrania (13%)”. Las importaciones de cloruro de potasio venían de Canadá (37 %), Alemania (29 %), Estados Unidos (14%) y Rusia (10%); y los fosfatos (DAP y MAP) provenían en 94% de Estados Unidos” (Conpes 2009, pg. 15).
Con base en estas cifras es que los medios de comunicación argumentan que cerca del 40% de la materia prima de los fertilizantes se encuentra comprometida debido a la guerra de Ucrania. No obstante, la nueva situación es más compleja que un simple incremento temporal de precios. Ahora se trata de una obstrucción de mercados que obliga a reemplazar las fuentes de abastecimiento, en un ambiente dónde muchos otros países también deben hacer lo mismo, por lo cual es esperable que los efectos sean más agudos y de mayor durabilidad. Y esto se debe lograr teniendo en cuenta que ya se habían dado alzas de hasta un 240% en el precio de los fertilizantes, por causa de la supuesta crisis de los contendores y precios en petróleo y gas en 2021 [13].
Frente a esta delicada situación poco se logrará con la rebaja temporal de aranceles, o con mantener a cero los aranceles de las materias primas de los fertilizantes, como ha anunciado el gobierno. Tal política beneficia fundamentalmente a los grandes productores capitalistas de la producción agraria porque arroz, caña de azúcar, maíz y palma africana son los que más utilizan los agroquímicos, a los que se suman café, plátano y caña panelera. Pero el incremento en el costo de los agroquímicos golpea con mayor rigor a los pequeños productores, a pesar de que los usen en menor proporción por hectárea de tierra, ya que ante repentinas alzas, su capital resulta insuficiente para reiniciar el ciclo productivo y en consecuencia son expulsados de la producción, como vienen sucediendo con los paperos este año. En resumen, así es que funciona la eficiencia capitalista, beneficios más abultados para los grandes capitales y expropiación de los medios de producción para los pequeños productores, que pasan a incrementar las filas del proletariado.
En síntesis, antes que buscar soluciones de fondo, los gobiernos solamente se limitan a “regular” la estructura monopólica establecida, e incuso se retrocede. Por ejemplo, en 2009 la política se orientó a realizar exploraciones de fuentes de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, sin embargo, se renunció a usar el gas para la generación de urea. Las razones ofrecidas no aparecen soportadas por estudio técnico alguno, y allí solo se dan tres justificaciones genéricas: i) los costos de extracción de gas son superiores respecto de los principales productores del mundo; ii) la inversión es “considerable”, y, iii) “no hay potencial para su producción nacional, debido a que prácticamente la totalidad de las reservas probadas de gas en el país ya cuentan con contratos”. Por tanto, su conclusión es que es imposible su producción competitiva a nivel nacional, y en consecuencia es “más eficiente su importación” (Conpes 2009, pg. 16).
¿Esto era realmente cierto?
De estas razones, la primera es poco sustentable, ya su extrapolación obligaría a acabar con la producción de gas en el país. La tercera solamente es resultado de las políticas que se han dedicado a entregar la soberanía energética mediante los esquemas de concesión, consolidadas en el gobierno “nacionalista” de Uribe, en 2003. Y, respecto de la segunda, veámosla de conjunto, teniendo en cuenta que la mitad de las importaciones de materias primas para los fertilizantes consisten en compuestos nitrogenados.
Para contrastar, podemos considerar que en 2012 el gobierno de Bolivia, en asocio con Samsung, inició la construcción de una planta de urea y nitratos por un monto de 948 millones de dólares, esto es solamente un 23% de las utilidades que obtuvo Ecopetrol en 2021. Su objetivo fue producir 693 mil tn/año de urea y amoniaco, es decir, una capacidad cercana al 87% de lo que importa Colombia al año. La planta consume 48,9 millones de pies cúbicos día (MMpcd), lo que implica únicamente un 22% de lo que generaba Chuchupa, o un 4,5% del total de gas que producía Colombia en 2017 (1.094 MMpcd) [14]. Así, mientras para el Estado colombiano tal objetivo- que hubiera impedido la actual hambruna en el país- fue declarado imposible, el gobierno de Bolivia sí fue capaz de ponerlo a funcionar en 2017, y ahora puede enfrentar de mejor manera la actual situación.
Para mayor contraste, tómese en cuenta que en ese momento se estaba construyendo Reficar, un proyecto al que se le había podido conectar la parte de los agroquímicos. Sin embargo, bajo la política de la eficiencia, el proyecto de Reficar terminó costando 8.326 millones de dólares, cuando inicialmente se tasó en 3.777. Es decir, que con la plata que se abudinearon se había podido construir más de cuatro empresas como la que se construyó en Bolivia [15]. Así, el discurso de la eficiencia es un manto bajo el que reverdece la industria de la corrupción, pieza fundamental para sostener un régimen político en que los votos se cuentan peso a peso, como bien lo atestigua la potentada familiar Char de Barranquilla.
En todo caso, cualquier proyecto en la dirección de fortalecer la industria nacional de los fertilizantes químicos, debe enmarcarse en las exigencias de la transición energética en función de suavizar el cambio climático, proceso que tal vez no sea tan rápido en países como Colombia.
Sin embargo, todas las consideraciones anteriores ayudan a mostrar la necesidad de darle un giro sustancial a los criterios con los que se orienta el país. Así por ejemplo, asegurar y garantizar el acceso a la alimentación de toda la población debe ser un propósito relevante y prioritario. Para alcanzarlo, es evidente que los programas orientados a transformar la actual estructura productiva agropecuaria deben acompañarse de una política minero-energética que le sea compatible y la viabilice [16], más, considerando los retos que imponen el cambio tecnológico en curso, vía por la cual esas políticas se enganchan con el papel que deben jugar la producción de ciencia y tecnología.
Por tanto, si en realidad se quieren construir caminos realmente alternativos, es necesario tomarse en serio el principio de que antes de mover una ficha hay que previsualizar cómo se reacomoda todo el tablero. En este sentido, hay que considerar que el diseño de programas transformadores requieren inversiones que ameritan una nueva política financiera, que sería posible mediante una Economía de Fondos Públicos-EFP que permita recuperar cerca de 700 billones de pesos, cuyo origen son fondos sociales, pero que son manejados y apropiados en beneficio privado, tal como sucede con los recursos de las pensiones y la generación crediticia. Con esos recursos se puede viabilizar el Fondo Público Inversión-FPI que, guiado por una política coherente y de largo plazo, permita apalancar y financiar los proyectos empresariales que se requieren para transformar la polarizada y lánguida estructura productiva que ha generado el capitalismo en el país.
Por tanto, es necesario que la frustración y el hambre se transformen en organización y movilización social permanente, en procura de lograr una salida popular y alternativa a la crisis social a que los capitalistas nos han sometido.
[1] Ver, “el año del cerdo” de E. Fernández. Praxis.
[2] Datos del Incora de 1962 mostraron que su uso daba lugar a incrementos entre el 150 % a 300 % en los rendimientos para algunos productos, así por ejemplo, la papa pasó de 15 a 25 tons/ha, la cebada de 1,6 a 2,5 tn/ha; en el maíz de 1,0 a 3,0 tn/ha. Ver, “El uso de fertilizantes en Colombia”, Cepal, marzo de 1966, pg. 63.
[3] Según la Superintendencia de Industria y Comercio su consumo era de 490 kg/ha, mientras que por ejemplo Bolivia solamente consumía 6,1 kg, o Perú 105 kg/ha. Ver: “Estudio sobre fertilizantes en Colombia”, octubre de 2013, pg. 36, cuadro No 20.
[4] Ministerio de agricultura 2019, “Política agropecuaria y desarrollo rural: insumos agropecuarios”.
[5] Guterman L, DNP, sin fecha.
[6] En 1976 el DNP realizó un estudio de viabilidad para una fábrica de urea-amoniaco, esto es integrada verticalmente, con capacidad de producción de 380 mil tn/año en urea y 380 mil tn/año en amoniaco. La inversión requerida en ese momento era de 100 millones de dólares y los costos de producción fueron: 41,7 % en capital fijo, 21,8 % en materia prima, 11,7 % en mano de obra, 18,9 % en empaque, y 4,1 % en capital de trabajo. En, “La industria de los fertilizantes y plaguicidas”, Guterman L, DNP, cuadro No 19, y página 90, sin fecha.
[7] Documento Conpes 3577 de 2009, mediante el cual se fija la política de fertilizantes
[8] Por qué Colombia decidió importar fertilizantes para el agro?, Revista Semana, 23-06-2015.
[9] “En las manos de Yara, Abocol desaparece”, Portafolio, Juan C Domínguez.
[10] “La Supersociedades tomó el control de la venezolana Monómeros”, O. Patricia Rendón M, El Colombiano, 06-09-2021
[11] Superintendencia de Industria y Comercio “Estudio sobre fertilizantes en Colombia”, octubre de 2013.
[12] Ministerio de agricultura 2019, “Política agropecuaria y desarrollo rural: insumos agropecuarios”, pg. 13.
[13] El alto costo de los fertilizantes químicos tiene al borde de la quiebra a los agricultores del país. Un bulto de este insumo pasó de $65.000 hace algún tiempo a valer hasta $145.000 hoy. (241 %) El documento señala que casi el 100 % de estos básicos de importan – Fertilizantes, jaque a la economía, La República, Rodolfo Correa, 25-02-2022.
[14] Los datos del proyecto de Bolivia son tomados de su folleto de presentación, ver . En algunos medios de prensa los datos son diferentes: la inversión de 850 millones, el consumo de gas diario es de 1,2 millones de metros cúbicos día, y la producción de 760 tn/año, por eso se usa como referencia el folleto.
[15] La Contraloría General de la República tasó en únicamente 2,9 billones de pesos el robo, dinero que podría sumar unos 1000 millones de dólares en ese momento.
[16] Al respecto, también la estructura productiva del país está siendo orientada a la importación de gas, razón por la cual se creó la regasificadora de gas en el Pacífico, cuando la prospectiva de gas cercana a los 30 Teras se localiza en el Atlántico, y sólo hasta que los precios se han puesto por la nubes el gobierno de Duque a acelerado las exploraciones.