¡Huelga General!

Edgar Fernández
25 may
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Actualizado: 30 may

Como respuesta a la guerra del capital contra el proletariado

Por: Edgar Fernández Centro de Pensamiento y Teoría Crítica PRAXIS

El hundimiento de la ya recortada reforma laboral y la desvergonzada negación del llamado a Consulta Popular son los dos últimos golpes que la burguesía ha lanzado en su larga guerra contra el proletariado y todos los sectores populares. Forzando su abusivo poder hasta el extremo, pretendieron arrinconar y acallar la voluntad de las y los trabajadores del país, pero con ello sólo llevaron las aguas a su límite y recibieron una acertada y contundente respuesta en el llamado a paro nacional este 28 y 29 de mayo, con el que se preludía el inicio de una Huelga General. Por tanto, esta huelga es fundamentalmente contra toda la estructura de poder del capital.

Las razones para la huelga son más que evidentes, y lo son más si recordamos que la burguesía lleva cuando menos un siglo golpeando sistemáticamente al proletariado y a todos los sectores populares del país. Por eso, en lo que sigue repasamos de carrera los antecedentes de cómo se llegó hasta aquí, esperando evidenciar el cúmulo de razones que exigen frenar esas injusticas de una vez por todas.

El capitalismo llegó chorreando sangre

En el país el capitalismo se abrió paso decidido en medio de la matanza de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), que concentró más la propiedad de la tierra y desalojó a buena parte de los habitantes rurales. Fue así que, tras la violenta pacificación conservadora, en las dos primeras décadas las industrias se fueron instalando decididamente y con ellas fue brotando el moderno ejército de asalariados. En forma pronta, el crecimiento de la producción y las ganancias chocaron con las paupérrimas condiciones de trabajo y vida.

De allí, que entre 1919 y 1923, se presentó un ciclo de huelgas contundentes y espontáneas, llamadas por algunos “huelgas locas”. Locas o no, con ellas surgieron las primeras formas de protección y derechos de las y los trabajadores. Sin embargo, durante esos años veinte el capital continuó amasando grandes ganancias, y haciendo de las suyas a medida que el régimen político se tornaba más reaccionario. El punto de quiebre fue la masacre de las bananeras [1] (noviembre de 1928), cuando el gobierno de turno, para defender al capital, disparó abiertamente contra los huelguistas reunidos en una plaza pública, herida que jamás podrá cerrarse.

El abuso abierto del poder y la contracción económica empujada por la crisis capitalista mundial se juntaron al inicio de los años treinta, siendo bien aprovechadas por los liberales progresistas de la época, para saltar al gobierno tras su derrota militar tres décadas antes. El ciclo liberal progresista fue recibido con entusiasmo por campesinos y proletarios que dieron sus votos ante la promesa de acceso a la tierra, mejoras laborales y de vida. Pero las cosas salieron bien aguadas porque los progresistas de la época prefirieron un pacto con la vieja godorría, el ala uribista del momento. De allí que López decretara la pausa en las reformas, medida de la que luego se lamentaría, afirmando que “pocas veces un pueblo se decide a avanzar, pero cuando lo hace no hay que detenerlo”.

Si bien durante los liberales años treinta las cosas no cambiaron de fondo para los campesinos y proletarios, algo se avanzó en la legislación laboral y social. Se entregaron algunas tierras a los colonos, se legalizaron los sindicatos, sus huelgas fueron reconocidas y se fueron consolidando las bases legales por medio de las cuales se empezó a regular la venta y explotación de la fuerza de trabajo, es decir se legitimó, normalizó y direccionó la explotación y la lucha de clases. Pero estos “avances” le parecieron demasiado comunistas a la godorria, es decir al ala ultraderechista de la burguesía, que en su reacción no sólo elevó la polarización contra la fracción burguesa progresista, sino que fundamentalmente se dirigió en pleno contra proletarios y campesinos.

Con su campaña anticomunista (similar a la que hoy expresan Miguel Uribe o Paloma Valencia) el ala ultraderechista de la burguesía logró regresar a la dirección del gobierno en 1945. Sin embargo, en medio de su debacle, el progresista López procuró granjearse a la base sindical por medio del decreto 2350 de 1944 mediante el cual fortalecía los sindicatos y la negociación colectiva, pero especialmente promoviendo la co-gestión de los trabajadores en las empresas.

En respuesta, al año siguiente los conservadores se impusieron en la formulación de la Ley 6ª de 1945 en la cual, si bien se reconocía por fin el derecho a huelga y la convención colectiva, se mutilaba su iniciativa mediante la obligación del preaviso, la creación de un burocrático proceso de negociación, excluyéndo las huelgas en los llamados servicios públicos, ventana que desde entonces se ha ampliado para limitar el rango de lucha de los trabajadores.

Regresa la violencia

Como es bien conocido, el tímido momento progresista (1930-1945) fue desplazado por un nuevo ciclo de violencia abierta en todo el país, especialmente entre 1946 y 1950, bajo la hegemonía del ala ultraderechista, con Laureano Gómez, quien descaradamente promovió el paramilitarismo contra trabajadores rurales y urbanos, como sucedió más tarde en el periodo Uribe. En ese contexto se erigió el Código Sustantivo del Trabajo-CST (1950) con el que se legitimó y direccionó durante las siguientes décadas la venta y explotación de la fuerza de trabajo, consistiendo por ello en una reforma de signo conservador, esto es, hecha en favor de los patronos, tal como hoy pretenden hacerlo en la Comisión Cuarta con la reforma laboral. Eso ayuda a explicar por qué, si bien se reconocen derechos como la organización sindical o la huelga, ésta resulte más limitada y controlada por el Estado, al incrementar los engorrosos procesos burocráticos, facilitar la declaración de ilegalidad, imponer los desventajosos tribunales de arbitramento o posibilitar los despidos, aún a cambio de ciertas indemnizaciones.

Durante las dos décadas siguientes, la consolidación del capitalismo continuó su marcha con el favor de las leyes conservadoras, la violencia, el golpe militar dirigido a controlar las masas desbordadas (1953-1957), y el esquema de democracia fingida del Frente Nacional. Con todo y ello, se trató de su momento más progresista al expandir como nunca las capacidades productivas y acrecentar la productividad en el país, de allí que el sostenimiento de los altos niveles de ganancias pudiera ser compatible con ciertas mejoras en las condiciones de trabajo y vida, siempre arrancadas mediante la persistente lucha organizada. Esto a pesar de que esas luchas siempre fueron mediadas y frenadas por la burocracia sindical de la UTC y CTC, verdaderos satélites de los dos partidos hegemónicos –Liberal y Conservador-, de allí la brega de los trabajadores más conscientes y decididos por crear los sindicatos independientes y forjar la tendencia que a la larga fraguaría en la Central Unitaria de Trabajadores-CUT en 1986, que también es resultado de los quiebres del periodo.

El icónico Paro Nacional en septiembre de 1977 se convirtió en la coyuntura mediante la cual todo el país advirtió con claridad su entrada en una fase de crisis, la que a su modo y manera no ha hecho más que profundizarse desde entonces. Desde el inicio de la década fue evidente que las ganancias perdían terreno y con ellas la inversión se encogía, dificultades acentuadas por la disminución del mercado mundial ante la nueva fase de crisis, por la creciente inflación y en medio de ello por un ciclo de protestas estudiantiles, de tomas de tierras, a la que siguió otra oleada de huelgas obreras, fuerzas que confluyeron en “el Paro del 77”. A su vez, ese contexto señalaba el pleno agotamiento del esquema frente-nacionalista -en medio del gamonalismo, el manzanilleo, el burocratismo y la corrupción galopante-, lo que le convertía en inservible para enfrentar los problemas y producir salidas funcionales, tan siquiera para la misma burguesía.

Es por eso que las dos décadas siguientes se caracterizan por el rebrote de la incertidumbre, la multiplicación de los conflictos y el regreso de la violencia, pero esta vez con una marcada tendencia hacia la ampliación de la “guerra civil”. Basta ver los mapas descriptivos sobre cómo se esparcieron las protestas obreras y populares, las guerrillas, la siembra de marihuana y luego coca, así como las masacres ejecutadas por la fuerza ejército-paramilitares en todo el país. Fue en ese contexto cuando los trabajadores organizados consolidaron el sueño de una central obrera unificada, clasista y de talante revolucionario, la CUT, avance enfrentado por la burguesía mediante la guerra de baja intensidad “contra el comunismo” y bajo la cual ejecutaron la masacre sistemática de la primera línea de su dirigencia, al asesinar unos 2.400 de sus principales dirigentes en el corto periodo 1985-2000.

La descarada e ilimitada guerra de la burguesía permitió consolidar un régimen más violento e irregular de lo que fue el de Laureano Gómez: la hegemonía de la ultraderecha “uribista”. Con su ejercicio se impuso un disciplinamiento sobre el proletariado a través de la amenaza, la persecución judicial, el destierro, el asesinato, en resumen, mediante su negación absoluta. Todo eso, muy a pesar de la misma permanencia de las leyes burguesas, recientemente renovadas en las Constitución de 1991, que habla de un tal Estado de Derecho.

Al actuar de esa manera, el capital logró contener y quebrar la creciente ola de huelgas obreras y protestas populares de los años ochenta. A la vez, imponer condiciones legales más desfavorables para el contrato laboral, las que se materializaron en la Ley 50 de 1990, y se remacharon con la Ley 789 de 2002. Esta última incluso legisló por sobre la naturaleza misma, al determinar que el día terminaba a la diez de la noche, exceso que señala el abuso de la burguesía y el grado de afección impuesto sobre las condiciones en que se realiza en trabajo.

Irrumpen los estallidos

El violento régimen reaccionario extendió su poder en las dos décadas siguientes. Y si bien permitió recuperar las ganancias del capital, al elevar la tasa de explotación sobre los trabajadores y trabajadoras, y con ello medio reflotar la acumulación de capital, no logró consolidar una real salida a la crisis, tan sólo la desplazó en el tiempo, pero al costo de agravar las contradicciones sociales. De esta realidad dieron cuenta clara las explosiones sociales de 2019 y 2021, que expresaron el total agobio al que han sido sometidos todas las trabajadoras y trabajadores del país, y por sobre todo el proletariado joven y urbano, que es el más castigado con los bajos salarios, la precarización laboral, el desempleo y por sobre todo la ausencia de horizontes de vida.

Atolondrada por el impacto del estallido social, la burguesía reculó y se mostró propensa a negociar y ceder terreno en favor del pueblo. Como lo hemos descrito en varios artículos [2], esa tendencia fue cooptada habilidosamente por el petrismo y su proyecto neo-progresista, pretendiendo cristalizar esa conciliación a través de las propuestas de reforma –laboral, pensiones, salud, tierras- en el Congreso. Sin embargo, al mismo tiempo que el pueblo regresó a sus casas, la burguesía enfiló sus fuerzas para negar todo atisbo de “cambio” en favor del pueblo, pasando a cerrarle las puertas a las reformas. Ese giro es habilidosamente encubierto con su campaña de defensa de las instituciones, con la cual, al igual que ayer, promete derrotar por todos los medios los abusos populistas y comunistas, canturreo que se repite como si algún “médium” hubiese logrado el milagro de que Laureano se reencarnara en los cuerpos de la Cabal, la Paloma, Miguel Uribe y sus seguidores.

Por eso, esta Huelga General es contra el capital, por superar esa estrategia de guerra sistemática contra el proletariado y los sectores populares, por convertir un largo siglo de persecución, destierro, asesinato, explotación y negación en la fuerza, la razón y la motivación para dar inicio a una nueva historia.