Los cruciales aspectos de la reconstrucción
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Edgar Fernández,
Centro de Investigación y Pensamiento Crítico-PRAXIS
Tras cubrir la fase más inmediata de salvamento de vidas, sobreviene la fase de reconstrucción de viviendas e infraestructuras afectadas por el terremoto. Las experiencias anteriores señalan que esta fase puede tardar varios años, implicando una temporalidad que depende en buena medida de la calidad en la gestión del Estado. De esa respuesta depende qué tanto se prolongará el sufrimiento de las familias afectadas.
Y tal alargue se asocia a los aspectos cruciales por resolver, tales como monto de las necesidades, fuentes de financiamiento, proceso de ejecución de las obras y criterios bajo los cuales se entregarán las ayudas a las familias damnificadas. En cada uno de ellos siempre pesa la sombra del enriquecimiento privado y la desviación de recursos, lo que va en contra de las condiciones de vida de los damnificados. Por esta razón, toda esta etapa prolongada ameritará un proceso de fiscalización popular permanente.
1. Sobre los recursos necesarios
Los montos necesarios a invertir están determinados por la calidad del censo de daños y damnificados reales. A una semana del desastre natural los datos oficiales no son lo suficientemente sólidos, sin embargo, ya existen estimaciones preliminares. Por ejemplo, el diario La República prontamente fijó las necesidades en 20 billones, El Espectador las situó en 38, y el gobierno nacional en forma opaca ha mencionado que una firma privada se lo evaluó en 30 billones, es decir cerca de 9.700 millones de dólares, monto del cual tan solo cerca de una décima parte podría venir de préstamos externos.
Para acercarnos a la comprensión de la cifra total de necesidades monetarias, se elaboró el cuadro 1, con base en los datos preliminares de la UNGRD. Se especifican los totales de viviendas, colegios y hospitales por reparar y construir nuevos y se establece un monto meramente indicativo de lo que puede significar cada intervención unitaria. Por ejemplo, se toma un promedio del valor de la vivienda de interés sociales de 2026, y para reparación una cuarta parte de ese valor. La cifra total que arroja este ejercicio simple es de 29,2 billones de pesos, la que podría ser superior por cuanto aquí no se consideran recursos para otras infraestructuras públicas dañadas o averiadas, subsidios en arriendos, gastos de los refugios, o costos de administración de todo el proceso de reconstrucción, a más que los datos finales de daños pueden seguir elevándose un poco más.
En síntesis, se puede vislumbrar que la cifra total podría rondar los 35 billones de pesos, esto es unos 2 puntos porcentuales del PIB esperado para 2026. Para captar su volumen por vía comparativa, se puede tener en cuenta que el monto del presupuesto nacional de 2026 fue de 547 billones, de los cuales 88,4 se definieron como inversión -rubro amplio que incluye destinaciones para salud, educación o programas sociales-. Es decir, cerca de la mitad de ese total equivaldría a inversión en el sentido de reparación y ampliación de obra y equipamiento, tal como lo entiende el sector privado, esto es sólo 44,2 billones, monto al cual se acerca por debajo las necesidades que demandaría la reconstrucción.
Las fuentes de financiamiento
En realidad, el monto preciso dependerá de cada una de las evaluaciones y proyectos específicos que se deban implementar, pero una vez precisado, es necesario considerar las fuentes de financiamiento, y esto necesariamente lleva a considerar, aunque sea por encima, tanto la situación financiera y fiscal del Estado, como las pretensiones del nuevo gobierno.
Al respecto, el gobierno ha sido enfático en que no acudirá a nuevos impuestos, incluso, por el contrario, ha planteado recortes y eliminaciones. Tales recortes fiscales serían: eliminación del cuatro por mil (15,5b); eliminación impuesto al patrimonio (5,1b); eliminación impuesto a la gasolina (1,5b); recorte de cinco puntos en impuesto a renta corporativa (7,5 a 10b). En resumen, las propuestas de recorte de impuestos y por tanto en reducción de ingresos fiscales rondaría los 30 billones de pesos, de acuerdo a cifras de 2025.
Además, se agrega que la propuesta presentada de presupuesto para 2027 tenía un faltante de 30 billones. En todo caso, ese proyecto fue rechazado y el nuevo gobierno deberá presentar una propuesta con los ajustes necesarios, en la medida que no quiere acudir a una nueva reforma tributaria.
Pero, aún más, antes del terremoto el gobierno anunció y se comprometió con fuertes incrementos de gasto para sacar adelante sectores que atraviesan dificultades. En salud el déficit puede rondar los 25b, energía y gas 9b, seguridad y defensa 9b, vivienda 8b, infraestructura 18b. Sólo considerando estas promesas, las necesidades totales de gastos serían de unos 67 billones adicionales, que bien se podrían distribuir en el cuatrienio. Por su puesto, es esperable que esas cifras sufran alteraciones de acuerdo a la nueva situación.
Si se recortan los ingresos y además se ambiciona ejecutar gastos superiores, es apenas evidente que el gobierno enfrentará una situación altamente contradictoria en los siguientes cuatro años, para poder sostenerse sobre los lineamientos que prometió durante la campaña. Esto porque pretende recortes de impuestos por 30 billones, pero debe tapar el hueco de 30 billones del presupuesto de 2027, y asumir los compromisos en sectores críticos por 67 billones, a los que se suman los 35 billones de la reconstrucción, para un total de necesidades de 162 billones. Y según los argumentos del Presidente y Vicepresidente, tal reto se pretende enfrentar mediante contracción del gasto total, vía reducción del Estado.
El propósito de recortar el tamaño del Estado hace parte del fracasado imaginario neoliberal, mientras en la práctica el peso del presupuesto nacional respecto del PIB no ha cesado de crecer, de 12% hacia inicios de los noventa a 18% hacia 2004, hasta llegar ha cerca de un 24% en este momento. La dificultad radica en que el propósito de recortar el gasto total requiere reformas profundas y estructurales a varias leyes, algunas de ellas estatutarias y orgánicas, cuando no constitucionales, en tanto son las que generan la llamada inflexibilidad del gasto de hasta un 93%. Por tanto, de persistirse en esa perspectiva, el gobierno dependerá totalmente de una gran gestión (o fuerte presión) en el Congreso, la que así se desenvuelva muy bien puede tomar una o dos legislaturas, en tanto los debates deben definir a cuáles sectores se les quitarían los recursos y en cuáles montos, aspectos que por lo general generan grandes choques entre los sectores capitalistas y sociales afectados.
Por eso, sino se quieren colocar nuevos impuestos, la alternativa que se presenta como creíble es la del endeudamiento. Pero en tal dirección se debe recordar que el servicio de la deuda en 2026 consumirá 102 billones (≈19% del total del presupuesto), de los cuales 74,8 billones van sólo al pago de intereses. Es decir, los grandes bancos privados absorben en el sólo pago de intereses de seis meses más de lo que valdría todo el programa de reconstrucción del terremoto, dato que contrasta totalmente con las altisonantes noticias de sus “donativos”.
Pero, las cosas no terminan ahí, porque la deuda para 2027 -y por tanto también el servicio de la deuda del gobierno- será mucho más alta debido a un déficit fiscal esperado del orden del 6,5% del PIB, existiendo estimaciones más altas. Esto significa que el gobierno deberá salir a conseguir en el mercado de dinero recursos por el orden de 118 billones de pesos. Por tanto, si al panorama de creciente endeudamiento se le agrega una nueva demanda por recursos para cubrir el grueso de la reconstrucción (35 billones) y las otras antes identificadas, lo que se hace es presionar el mercado financiero y elevar el diferencial con el cual el sector financiero le presta al Estado. Y tal acción, por lo general, se traduce en incrementos en la tasa interna de interés, política que afecta en negativo a todo el resto de la economía, tal como ya sucede con una tasa del orden del ≈12,6% a la que se endeuda el gobierno[1].
Y como la presión por demanda de recursos financieros empuja el alza de la tasa interna de interés, es necesario considerar que un incremento de 1% de esa tasa podría llegar a equivaler a un gasto adicional de 2 billones en pago de intereses sólo en el primer año, esto sin considerar que el diferencial (spread) que deberá pagar el gobierno será mayor del actual, que ya es de por sí alto. Tal vez esto explique la terquedad del nuevo gobierno de no incrementar impuestos y acudir a mayor deuda, en cuanto significa que financiar tanto el déficit como el programa de reconstrucción a base de nueva deuda se traduce en traslados de cuantiosos recursos al sector bancario y financiero. Debe recordarse aquí que entre 2024 y 2025 las utilidades del sector bancario del país pasaron del 8,7 a 17,7 billones, es decir se duplicaron justo en el momento en que el Banco de la República posibilitó el salto de la tasa interna de interés saltó del 9,25 al 13%.
Y no hay que perder de vista, por ejemplo, que la familia Gilinski fue una de las principales financiadoras de la campaña del actual Presidente, y que comanda Bancolombia que domina el 28% del mercado nacional; seguidos del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento (28%), el grupo Bolívar (20%), a los que se debe sumar Nubank de David Vélez, que opera en el mercado internacional.
Las cifras de los abultados beneficios contrastan con las cacareadas “donaciones” que comentan los medios de comunicación, que sumadas apenas superarían el medio billón de pesos[1], y que además se convierten en reducciones de impuestos. Aquí la burguesía es muy hábil, porque el dinero que lanzan como donativo, a la larga solo es una cuotica que adelantan para animar la masa total de capital con la cual se les comprarán a ellos mismos mercancías –como hierro, cemento- y préstamos para la reconstrucción. Ellos saben que lo que “donan” regresará a sus bolsillos en forma incrementada, no sólo por la ganancia normal, sino también por la magnitud de la ganancia extraordinaria que se crea cuando aparecen tirones inesperados en la demanda, tal como ya sucede. Así la desgracia de más de 180 mil personas se traducirá para ellos en una gran oportunidad de enriquecimiento, tal como ya sucedió en el terremoto de 1999[3].
Una disyuntiva en el proceso de ejecución de las obras
En el proceso de reconstrucción del terremoto de 1999, mediante la presión y movilización parte de la población afectada se logró que algunos proyectos de construcción fueran ejecutados directamente por Organizaciones Populares de Vivienda-OPV. La magnitud de la actual movilización popular es muy superior a la de esa situación, siendo evidente que el proceso de reconstrucción puede incluir tanto a las y los afectados, como a las organizaciones populares
que ya están solidariamente en el terreno. Sin embargo, de acuerdo a los pronunciamientos de De la Espriella, el gobierno ya cerró las puertas a esa posibilidad.
Así, este 17 de agosto no sólo anunció lo del monto de los treinta billones, sino que además adelantó que el proceso se realizará codo a codo con los empresarios de la construcción y del sector financiero. Y agregó, tal vez en forma cómica, su invitación a que los empresarios donaran “sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas”, animando, además, “al sector financiero a bajar sus tasas de interés para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno”. Queda por verse si los capitalistas antepondrán su “buen corazón” frente a la implacable fuerza bajo la cual necesariamente se mueven, determinada por la tasa de ganancia y la acumulación de capital.
Es así que, de acuerdo a lo afirmado por De la Espriella, el sector financiero, el de la construcción, del hierro y del cemento, entre otros, pueden esperar la irrigación de 30 billones de pesos, para los cauces en que se mueven sus negocios. Debiéndose agregar que las contrataciones de los proyectos se podrán realizarán bajo los parámetros “especiales” y directos que permite la situación de Emergencia y la ejecución de los recursos a través del ahora opaco “Fondo Milagro”, con el que se pretende sustituir a la UNGRD. Frente a tan evidente riesgo, es necesario exigir que los eventuales contratos sean totalmente públicos y además que las familias potencialmente beneficiarias puedan acceder a mecanismos reales que les permitan verificar los montos, objetivos y criterios técnicos en que se suscriben.
No obstante, la mejor variante en el proceso de reconstrucción reside en la participación directa de las familias afectadas y de las organizaciones sociales de cada municipio, a través de contratos realizados con OPVs. Tal perspectiva presenta grandes ventajas porque reducen sensiblemente el riesgo de sobrecostos, de incumplimientos y de corrupción, además de generar empleo directo a quienes perdieron también las fuentes de sustento. El testimonio real de que la acción solidaria organizada y popular es muy superior a la codiciosa lógica de la ganancia capitalista ha quedado patentizado en estos días de lucha por rescatar vidas de entre los escombros.
Y al respecto, hay que resaltar que en 1999 fue la organización, movilización y presión popular, mediante marchas, la que le impuso al gobierno de Pastrana el reconocimiento y participación de las OPVs. En ese sentido queda abierto un gran reto, frente a un gobierno que, en forma irreflexiva o tal vez muy interesada, pretende cerrar esta gran puerta.
4. Sobre los criterios para acceder a las ayudas
Existe alguna normativa, entre ella la del SISBEN, que deberá ser puesta en juego a la hora de definir quiénes y en qué montos máximos podrán acceder a las ayudas las personas damnificadas. Sin embargo, los decretos de emergencia pueden establecer ciertos lineamientos que eventualmente pueden dar lugar a criterios de inequidad social. Aquí el debate vincula elementos que se mueven entre la ética y la política, los que son de mucho cuidado y de vital importancia.
Por eso, hay que tornarse muy en serio las palabras del Ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien en medio de una barriada de ranchitos manifestó que “a esta gente se le entregan cuatro tablas, unas tejas y ellos mismos reconstruyen rápidamente sus casas”. Bajo tal afirmación se encuentra el principio de reponer estrictamente lo perdido, criterio que en apariencia debería valer para todos. Sin embargo, para lo que sirve es para reproducir y afianzar la desigualdad creada por el terremoto social que acompaña al país desde hace muchas décadas.
Es totalmente evidente que la situación demanda en forma inmediata resolver la situación de desahucio en que quedaron varios miles de familias. Sin embargo, la afirmación del señor
Lara resulta nefasta porque alienta un criterio bajo el cual a las familias que viven en los tugurios sólo se les entregarían un par de tejas y cuatro tablas, mientras a otras se les permitiría, cuando menos, acceder a una vivienda nueva en reemplazo de la que perdieron. Y tratándose de una ultraderecha recalcitrante y muy religiosa, tal como se vio en el acto de posesión presidencial, sería evidente que pretenden aplicar en forma sesgada y dogmática el principio bíblico de que "al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará", con el que por demás se ha pretendido justificar la desigualdad capitalista durante siglos, en el sentido de que los ricos son ricos porque son los elegidos y bendecidos por Dios.
Y es que las dificultades que implican los criterios de justicia no se limitan al interior de la población afectada por el sismo del día 10. Esto porque vivimos en un país en el que el terremoto social hace tiempo dejó como víctimas a 1,3 millones de familias sin vivienda propia (déficit cuantitativo) y otros 3,6 millones con viviendas en pésimas condiciones (déficit cualitativo). Y en cuanto victimas del sistema capitalista, que les niega las mínimas condiciones de vida, también ameritan con urgencia una acción estatal y social que de pronta solución a sus necesidades.
De aquí que sería totalmente absurdo que a los que no tienen nada, nada se les dé; que a otros que tienen muy poco, poco se les dé; mientras a los que tenían con suficiencia, se les dé con suficiencia. Esto, porque parece que el gobierno está pensando que los breves minutos en que la naturaleza pareció -engañosamente- igualarnos a todos ya pasaron. Y, en consecuencia y para que nadie se confunda, ha decidido -con palabras, planes de reparación y tanquetas- “volver a poner a cada uno en su lugar: el pobre en su pobreza y el rico en su riqueza”.
Por todo esto, el criterio realmente justo, es que con urgencia se atienda a las víctimas tanto del terremoto natural como del terremoto social, a fin de que cuenten con una vivienda digna, cómoda y plena, y frente a este hecho inescrutable no puede valer la excusa de que los recursos son escasos, vieja disculpa burguesa para poder acaparar cada vez más, pues está visto que mediante la solidaridad popular en el país es factible resolver estos problemas y muchos más.
Bibliografía:
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