DARLE FORMA A UNA SALIDA PROLETARIA A LA CRISIS

Sergio Charry, Centro de Pensamiento y teoría Crítica Praxis

La fuerza social que tomó forma desde finales de 2019 y que, a través de la movilización popular, puso en evidencia los límites históricos del capitalismo colombiano, sigue siendo un actor central de la coyuntura. Aunque buena parte de esa energía social se encauzó en el proyecto progresista encabezado por Gustavo Petro, cabe destacar que se mantuvieron las demandas y se siguió exigiendo las transformaciones pendientes que dieron origen a aquel ciclo de lucha.

La crisis del capital no se superó, como era previsible; por el contrario, se ha profundizado. Sin embargo, aparte de los límites institucionales de la gestión petrista, también quedó en evidencia la actitud reaccionaria de la burguesía, que no asimiló el avance progresista y se dedicó sistemáticamente a bloquear incluso las reformas más moderadas. Esto puso de frente que los capitalistas también ejercen la lucha de manera abierta y frontal. Por ello, ante la posibilidad de continuidad del Pacto Histórico, la burguesía enarboló su alternativa más regresiva, promoviendo un “partido del orden^[1]” como salida política a la crisis.

Los resultados de la jornada electoral del 21 de junio impusieron la tarea inmediata de avanzar en una alternativa política proletaria. En este marco, resulta clave preguntarse: ¿cómo construir la fuerza social y política necesaria para que quienes producen la riqueza de la sociedad puedan también dirigirla?

La burguesía y su nuevo partido del orden.

Las posiciones reaccionarias que ha venido expresando la burguesía colombiana se inscriben en el marco de la crisis inevitable del capitalismo. Los límites de la reforma constitucional de finales del siglo XX son cada vez más evidentes y ya no logran sostener un consenso social amplio. A su vez, las aperturas democráticas intentadas hace una década, tras la desmovilización de las FARC, apenas han sido reconocidas en el plano legal, pero siguen lejos de materializarse plenamente, incluso durante el último cuatrienio progresista.

Por ello, la burguesía volvió a convocar un partido del orden. En ese proceso, sus distintas facciones se fueron agrupando alrededor de una salida orientada a restaurar plenamente sus condiciones de acumulación.

En ese contexto, el case de “El Tigre”, promovido por sectores de la burguesía gansteril, de los cuales siempre fue su “consigliere”, fue ganando espacio de manera progresiva entre la amplia lista de nombres postulados. Aunque no representaba la opción más convencional para la burguesía, comenzó a perfilarse como una alternativa viable a medida que se acercaba la contienda electoral. La adhesión temprana de los descendientes del laureanismo, con poco capital político propio, pero invocadores de la república conservadora, fue dando ethos a este proyecto. Luego, el asesinato de la joven promesa uribista, Miguel Uribe, lo disparó literalmente en las encuestas, ubicándolo incluso por encima de las candidaturas más cercanas al uribismo tradicional.

Sin embargo, el signo más claro de la concentración de sectores de la burguesía alrededor de “El Tigre” fue la designación de su fórmula vicepresidencial: José Manuel Restrepo, representante de las viejas élites y figura con conexiones con la burguesía financiera. Finalmente, tras la primera vuelta y la decisión firme de la burguesía de respaldar esta opción, el triunfo inicial de Abelardo de la Espriella terminó de consolidar su candidatura. En ese escenario, el factor Trump aterrizó en la campaña de la mano de Bernie Moreno, alfil de la burguesía financiera internacional, quien, bajo la orientación de Marco Rubio, ungió a “El Tigre” y cerró el círculo de los sectores burgueses que apostaron por este proyecto de partido del orden.

En el alba de su gobierno hay dos tareas que viene encarnando ADLE y su nuevo partido del orden: por un lado, crear las condiciones para restaurar el proceso de acumulación del capital y por otro lado, minar políticamente las condiciones para que surja una oposición como alternativa a su gestión. Respecto a este primer elemento, ya se han venido dando a conocer algunas tareas en este aspecto, por parte tanto organismos financieros nacionales (ANIF) como internacionales (JP MORGAN), que han venido invocando la necesidad de que la política marco de esta estrategia sea la de reducir el déficit y fortalecer las finanzas públicas para recuperar la confianza de los inversionistas.

Toda vez que esto le permite ajustar el gasto hacia proyectos que beneficien de buenas a primeras a la burguesía burocrática, tanto la que se conforma desde las regiones en el Congreso, las mayorías para que pasen sus iniciativas legislativas o se les agilice los pagos y subsidios que tiene pendientes y que se acumulan en la salud, la educación, la vivienda y la energía.

Seguido de esto, harán esfuerzos por reabrir los contratos de exploración de petróleo y gas con el objetivo de atraer capital. En ese orden, la parálisis que Petro impuso al sector llegaría a su fin y se restablecerá la llamada confianza inversionista, creando condiciones para que la explotación de gas natural, la implementación del fracking y la expansión de la mega minería de metales como el oro y el cobre se conviertan en una realidad en la “patria milagro”.

Asimismo, buscarán echar atrás los avances laborales del gobierno saliente. Por ello, en lo que respecta a la fuerza de trabajo, propenderá por ampliar la flexibilidad laboral, la intensificación de la explotación y por centrar aún más su cualificación en la educación técnica y productiva, ajustada a las necesidades inmediatas del capital. Finalmente, en el marco de la consolidación de la hegemonía norteamericana, su sumisión al imperialismo se centrará en fortalecer y revitalizar los sectores exportadores, tanto los tradicionales minero energéticos y agropecuarios, como otros emergentes que vienen ganando peso como la farmacéutica, bebidas alimentos y artículos tecnológicos.

Sin embargo, esta apuesta sigue dependiendo de al menos tres elementos clave. Primero, un ajuste fiscal orientado a liberar recursos públicos y redirigirlos hacia los canales de acumulación de la burguesía. Segundo, la toma de nueva deuda que constituye su conexión directa con el capital financiero internacional. Y tercero, la llegada de inversionistas al país, seguramente articulada a los acuerdos con Washington y a los nuevos mercados de acumulación que podrían abrirse con la restauración capitalista en Venezuela y Cuba.

Pero esta ofensiva también abrirá un nuevo terreno de confrontación. En la medida en que se recorten programas sociales, se reduzca el gasto público y se le pase la factura de la crisis al proletariado por vía tributaria, tarifaria y laboral, crecerán las condiciones para una reacción de las mayorías trabajadoras. La burguesía intentará restaurar su tasa de ganancia; mientras que el proletariado, empujado por el deterioro de sus condiciones de vida, tenderá a responder desde la organización, la movilización y la lucha de clases.

Por eso, el segundo componente del nuevo partido del orden será intentar minar política y socialmente las condiciones para el surgimiento de una alternativa capaz de disputar su imperio del orden. Teniendo en cuenta el “foto finish” con el que se cerró el ciclo electoral, la legitimidad del régimen quedó abiertamente cuestionada. En consecuencia, desde la lógica del partido del orden, su principal misión será recomponer esa legitimidad invocando la ley, la Constitución y las instituciones cuando éstas sirvan para defender el orden existente, pero estando dispuesto a transgredirlas si la crisis así lo exige.

Para ello, lo primero a lo que echará mano será al discurso de la seguridad, mediante la reivindicación de la doctrina militar del enemigo interno. Desde allí, cualquier sector opositor será etiquetado bajo esa categoría y tratado como amenaza al orden. El objetivo será reforzar la autoridad del Estado mediante una nueva política de seguridad que, aunque se presente bajo los viejos propósitos de lucha contra el narcotráfico y persecución de los grupos al margen de la ley, podría derivar en una política orientada a contener la protesta, criminalizar la movilización social y disciplinar a los sectores populares.

Asimismo, anunció de manera directa la retoma de una política de Estado comunitario, al plantear que el empalme se realizará regionalmente, iniciando por La Guajira y Nariño. Esta decisión no es menor, De la Espriella afirmó que estará en La Guajira durante su primera semana de gobierno, mientras que el empalme formal quedó en manos de José Manuel Restrepo. Además, medios nacionales han señalado que su estrategia incluye reuniones territoriales con alcaldes y gobernadores antes del 7 de agosto.

Sin duda, se trata de una táctica para reagrupar a las élites locales alrededor de su programa, recomponer el mando territorial de la burguesía y limitar el avance del progresismo de cara a las elecciones territoriales de 2027. En ese sentido, el vínculo directo con gobernadores y alcaldes le permite reordenar los pactos regionales, asegurar intermediaciones políticas y restablecer el control burgués sobre los presupuestos, la contratación pública, la seguridad territorial y la disputa electoral local.

Pero quizá el elemento donde más claramente se ubican sus propósitos es en la intención de llevar ante la justicia a la cúpula progresista. Los anuncios de convertir el acostumbrado proceso de empalme en una auditoría forense, financiada con 60 millones de dólares no reembolsables del BID y acompañada por cerca de 400 integrantes del equipo de “El Tigre” realizando pesquisas, identificando presuntos casos de corrupción y llevándolos ante la justicia, dejan claro que los primeros meses de gobierno estarán marcados por una ofensiva judicial contra los liderazgos progresistas que estuvieron al frente del gasto público. Un patrón que se ha visto antes, en acusaciones, como las lanzadas a la gestión de Quintero en Medellín, a quien le acusan de robarse la ciudad.

Más que una simple revisión administrativa, esta estrategia buscará evaluar la capacidad, el alcance y los efectos de las políticas desarrolladas durante el gobierno saliente. Sin duda, aquí se esgrime una de las amenazas que más ha inquietado al progresismo: la posibilidad de que incluso el expresidente Petro sea arrastrado a un escenario judicial. Parte de esta amenaza explica por qué el progresismo ha venido ajustando su respuesta, reivindicando la desobediencia civil como respuesta.

La táctica progresista: invocar la democracia consensualista

Una de las características de la instauración del partido del orden es el abandono de los principios universales del liberalismo político en función de conservar el poder y administrar la crisis^[2]. En ese sentido, la nueva dinámica del gobierno abelardista buscará cimentar procedimentalmente su victoria sobre la legitimidad conquistada a partir de la imposición de una mayoría relativa en la pasada contienda electoral.

Este principio anula cualquier pretensión real de consenso y, desde la tradición presidencialista colombiana, le otorga al partido del orden las condiciones para operar desde la burocracia estatal, convertir la administración pública en instrumento de recomposición burguesa y desplegar su proyecto de restauración bajo la apariencia de legalidad democrática.

Los progresistas, siendo más papistas que el papa, han venido desarrollando una respuesta torpe frente a todo lo que se despliega en la coyuntura. Elevan el tono, pero siguen reconociendo la “Realpolitik” que han jugado desde 2019: aceptar el orden legal existente e invocar un pacto con la burguesía que les permita gestionar, por vía progresista, la crisis del capitalismo colombiano. Ante el cierre definitivo de esas condiciones y el intento de restaurar la vieja república conservadora, el progresismo apela ahora a la defensa de una democracia consensualista y reivindica la desobediencia civil. Sin embargo, lo hace sin romper plenamente con el marco institucional que durante años reconoció como límite de su propia acción política.

Esta figura de resistencia hace parte de la filosofía política burguesa y de la tradición contractualista. No se sitúa por fuera del orden jurídico, pues la Corte Constitucional la ha reconocido en varias sentencias bajo una acepción cercana a la formulada por John Rawls: como un instrumento de corrección del régimen constitucional.

Desde esta perspectiva, la desobediencia civil es un acto que, aunque se opone a leyes promulgadas por las mayorías, lo hace de forma pública, consciente y apelando al respeto de los principios políticos de la Constitución. Su función última no es superar el orden existente, sino abrir un nuevo campo de consenso que estabilice la democracia burguesa ante la emergencia de un actor político como el progresismo.

La pregunta es si una propuesta tan sofisticada será recibida por el partido del orden en medio de su rápido despliegue. La respuesta, muy seguramente, es que no. Tanto es así que incluso defensores de estas perspectivas constitucionales, como Rodrigo Uprimny, la consideran descabellada y por fuera de los marcos del diálogo convencional al que estos liberales criollos aspiran interpelar.

El Pacto también ha instalado este llamado desde una acepción más genérica, como tono de oposición frente al nuevo gobierno. En ese marco, al cuestionar la nacionalidad del presidente electo, convocan al desconocimiento de su mandato sobre la idea de la soberanía nacional, dejando por fuera que los intereses y la agenda que mueven a “El Tigre” no son simplemente los suyos propios, sino los de una burguesía que, temerosa de no poder alinear la crisis a su favor, muestra ahora su rostro más agresivo.

La táctica del movimiento social: debe ser la lucha de clase

Vemos entonces que el progresismo continúa administrando la posibilidad de un consenso que preserve el orden establecido, buscando una apertura democrática dentro de los márgenes de la institucionalidad vigente. Sin embargo, deja de lado que la burguesía, en no pocas ocasiones, ha invocado el partido del orden bajo la forma de la república conservadora, con el propósito de restablecer sus condiciones de acumulación y limitar política y socialmente la emergencia de una alternativa popular.

Frente a esta situación, la primera tarea consiste en comprender que la derrota electoral no equivale a una derrota histórica. Por el contrario, se abre un nuevo período de la lucha de clases en el que la izquierda conserva un importante acumulado político y social. Aunque el bloque progresista perdió el gobierno, amplios sectores populares continúan identificándose con un proyecto de transformación. Ese capital político constituye el punto de partida para una nueva etapa de reorganización, disputa y acumulación de fuerzas.

Aquí resulta clave diferenciar a la fuerza social como un bloque popular y al Pacto Histórico como expresión electoral y gubernamental concreta. La fuerza social no puede reducirse a una coalición, a un gobierno o a una lógica liberal progresista; más bien debe entenderse como un conglomerado amplio de fuerzas populares, sociales y políticas que, desde distintas posiciones, empujan transformaciones democráticas y disputan aspectos desiguales de la sociedad.

En ese campo confluyen sectores que acompañaron críticamente al gobierno, otros que participaron en la campaña electoral y otros que, incluso, cuestionan los límites del Pacto Histórico, pero que siguen ubicándose en una perspectiva de transformación. Reconocer esta diferencia permite comprender mejor del porqué, la necesidad de disputarse este escenario  real donde amplios sectores populares, expresaban una voluntad de transformación. Por ello, el campo popular y social sigue siendo el principal espacio de acumulación de fuerzas, incidencia política y reorganización estratégica para una nueva etapa de lucha.

Precisamente por ello, la coyuntura exige abandonar toda respuesta espontánea y subordinar la táctica a una estrategia clara. La política revolucionaria no puede orientarse por la utilidad inmediata ni por la Realpolitik, sino por el fin histórico que persigue. En consecuencia, el criterio para valorar cada acción no debe ser únicamente su rendimiento coyuntural, sino su capacidad para fortalecer la organización, elevar la conciencia y ampliar la fuerza social del proletariado.

De igual manera, resulta indispensable elaborar una plataforma de lucha que responda a las nuevas condiciones políticas. El nuevo gobierno impulsará un proceso de recomposición del bloque de poder y desarrollará ritmos cambiantes de ofensiva. Por ello, nuestra plataforma no puede ser un documento rígido, sino una orientación estratégica capaz de ajustarse dialécticamente al desarrollo de la coyuntura. Más importante que responder apresuradamente a llamados unitarios es disputar el contenido político de esas articulaciones y dotarlas de una orientación estratégica.

Esta tarea supone intervenir activamente en los procesos de reorganización del movimiento popular. Ello implica participar en los espacios de coordinación, en el Pacto Histórico, en los sindicatos y en las plataformas sociales, sin subordinarse políticamente a las burocracias progresistas. La política de alianzas debe desarrollarse desde la independencia de clase: participar para disputar orientación, construir legitimidad y ampliar influencia, no para diluir el proyecto propio.

En consecuencia, la política de alianzas (Frente amplio) debe permitir disputar también los ritmos de la movilización. Es necesario administrar racionalmente los recursos políticos de que dispone el movimiento popular, la indignación, la agitación, la movilización y la disputa electoral incluso, evitando tanto el inmovilismo burocrático como el voluntarismo. La táctica debe responder al momento concreto, movilizar cuando existan condiciones para hacerlo, acumular cuando sea necesario y participar electoralmente cuando ello contribuya al desarrollo estratégico de la fuerza social.

Bibliografía

^[1] En sentido marxista, el término remite al análisis de Marx sobre Francia en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde el “partido del orden” expresa la alianza de las fracciones burguesas y conservadoras contra el movimiento popular y democrático.

^[2] sobre todo, en su énfasis de igualdad y justicia social, criterios que pueden ejemplificarse en la tensión entre las formas liberales de Estado Social de Derecho y Estado de Derecho, que se ponen de frente en el actual debate entre liberalismos republicanos.