Leer, contar y obedecer: el revisitado proyecto educativo y privatizador de la ministra Morales

Sandra García Herrera

Centro de Investigación y Pensamiento Crítico-PRAXIS

La patria, Dios y la empresa privada se vuelven a entonar con gran ahínco en las políticas públicas para poner la maquinaria estatal a aceitar con mayor agilidad en la acumulación de riquezas en pocas manos. Que más que la educación bajo los preceptos de la moral para inculcar los principios del libre mercado, el individualismo y el falso discurso del Estado mínimo; y que más que la educación como un servicio para lucrar el sector privado y religioso aprovechando el terremoto y el sentido propagandístico de la urgencia de “formar en valores”. Y en ello, qué mejor que una mujer, abogada de “mano dura” con discursos modernos de la paridad de género y la pluralidad de culto, para poner la moral cristiana, el fanatismo nacionalista y el sello de la burguesía criolla en la dirección de las políticas y el sistema educativo del país

Revisitar la cátedra de ética y valores

La referencia de la ministra Vivian Morales a “restaurar los principios y valores” que ocupó las redes sociales en días pasados, ya había sido planteada días antes de su nombramiento en una entrevista en -uno de los medios privilegiados de la derecha en Colombia el 8 de julio de 2026- Blu Radio, allí la señora Morales habla de “revisitar” los lineamientos curriculares de ética y valores como competencias fundamentales dentro de las áreas de estudio, los cuales ya habían sido reformulados en el año 1998 cuando Pastrana iniciaba su gobierno y cuyo ministro de educación fue Germán Bula Escobar, hermano del hoy ministro de relaciones exteriores Omar Bula Escobar. La ministra aduce que siguiendo las palabras del ministro francés Jean-Michel Blanquer, los aprendizajes fundamentales son leer, escribir, contar y respetar al otro.

Dichos lineamientos se enmarcan en la concepción básica kantiana del imperativo de la moral para ser buenos ciudadanos, es decir respetar la ley porque se supone que ésta es resultado de la razón humana, por tanto, válidos y universales sin lugar a su cuestionamiento y crítica. También se fundamenta en el contractualismo de la teoría política liberal contemporánea de John Rawls que supone partir de unos mínimos acordados a través de la institucionalidad para garantizar la libertad individual.

Ahora bien, lo que desató la polémica 15 días después de su posesión como ministra, fueron nuevamente sus planteamientos de restaurar las competencias de principios y valores añadiendo que son los padres quienes deben decidir qué se les debe enseñar a sus hijos y que los programas de educación sexual integral son sutiles movimientos de las campañas wok. Es la misma ideología generalizada y retrógrada que llevó a De la Aspriella a la presidencia, que aboga por el orden del capital, el control y el disciplinamiento. Es la doctrina que aplaude medidas como la de la restricción en el uso de dispositivos móviles y redes sociales en los colegios, porque finalmente son más baratas y cómodas las medidas prohibitivas, que estimular el uso y apropiación crítica de la ciencia, la tecnología y las comunicaciones; son los principios también sobre los que se soportan las viejas prácticas educativas de la plana, copiar del tablero sin salirse del renglón y no hacer preguntas incómodas en el aula, desgastando y castrando la mente inquieta de los niños y niñas en nuestro país.

Frente al programa de educación sexual integral hay que decir que si se consulta la página del Ministerio de Educación lo que se encuentra en esta materia es una publicación del año 2018 (gobierno Duque) con una lista de estudios internacionales, la mayoría de los EEUU en donde se documentan programas exitosos para la prevención de embarazo adolescente, prevención de enfermedades de transmisión sexual y salud sexual y reproductiva, y en donde como respuesta se señala que buena parte de estos estudios observan correlación entre mejores indicadores en estos aspectos y educación sexual a más temprana edad (Ministerio de Educación, 2018). No existe una cátedra o lineamiento curricular que aborde de manera directa la educación sexual integral, aunque desde diferentes sectores de la salud y la educación se le planteen como derecho (Profamilia, 2025) y se promueva la necesidad de implementar espacios en la educación para abordar estas temáticas tomando en cuenta las edades de los y las estudiantes.

También se actualizaron documentos de política pública en el pasado gobierno, pues siendo Daniel Rojas ministro de educación del gobierno Petro se publicaron en julio de 2026 los “Lineamientos curriculares para la formación integral en educación preescolar, básica y media”, los cuales están basados en las teorías de la relacionalidad que ponen el acento en la contextualización para que la educación sea flexible y se ajuste a las vivencias de las personas en un lugar específico, por ello traza que las asignaturas se articulen alrededor de “problemas sociales relevantes”; y se basan en los planteamientos de las teorías decoloniales para reconocer la existencia de diversas cosmovisiones sobre el bienestar y dignidad humana y la ética del cuidado (Ministerio de Educación, 2026).

Ahora bien, dichos lineamientos curriculares que se ajustan de vez en cuando en el tiempo, tienen en común que: devienen de orientaciones de los organismos multilaterales y reconocen que como lineamientos buscan orientar los programas educativos pero cada entidad bajo el principio de autonomía los ajusta en sus PEI -Proyecto Educativo Institucional-. Sin embargo, los lineamientos curriculares no son la respuesta a hondos y estructurales problemas en las políticas de atención, cuidado y educación a los niños, niñas y adolescentes, y es lo que debería con mayor ahínco problematizarse.

Uno de los datos más dramáticos para nuestro país es la enorme cifra de abuso y violencia física y sexual contra niños, niñas y adolescentes-NNA-. Se habla de más de 20 mil casos por año, la tasa de exámenes médicos practicados por medicina legal por “presunto” abuso sexual (Datos abiertos, s.f.) ha venido subiendo, pasando de una tasa promedio en el año 2016 de 149 a 188 por cada 100.000 NNA. Las mujeres presentan mayores tasas, hasta casi 6 veces la de los hombres, y por edad, las mayores tasas se presentan en menores de 1 año y en el rango de 12 a 17 años.

El abuso y violencia física es un tema enraizado en la cultura patriarcal y las relaciones económicas del capital que cosifican la vida y sexualidad humana en el país, por tanto, requieren abrir las alertas y políticas de protección robusteciendo instituciones, así como cátedras, actividades y proyectos que pongan a la sociedad -no solo a los niños y niñas- a abordar con la experticia de las áreas de la salud y la pedagogía estos elementos en los espacios curriculares. La discusión no se puede minimizar a un problema ideológico “wok”, es un problema de hondo calado de la formación social colombiana, que además se profundiza con el sello machista y violento del “tigre”.

Poner en la agenda un sistema público de la calidad y basado en el pensamiento científico

Los niños y niñas mayores de 5 años en su generalidad asisten a una institución educativa-IE-, es decir a trancas y mochas nuestro país logra una cobertura universal especialmente en educación básica, en donde “educación” junto con “defensa y policía” representan los mayores gastos en funcionamiento del Presupuesto General de la Nación -PGN- (Ministerio de Hacienda, 2026); en promedio desde el año 2019 al año 2026 el sector educación ha tenido un gasto por pagos de 61.302 (miles de millones en pesos constantes de 2026), representando el 23,45% de toda la ejecución sectorial para funcionamiento del Estado (31 sectores), además de 49.617 (miles de millones en precios corrientes) que se destinan a educación a través del SGP (sistema general de participaciones) y que representan el 58% aproximadamente de los rubros de dicho sistema. Según datos del DANE (DANE, 2026) para el año 2024 el 80.5% de los y las estudiantes se encuentran en el sector oficial, para el año 2026 el MEN dio la cifra de 6.797.963 matriculados en las instituciones públicas del país.

Sin embargo, estos recursos no logran avanzar en importantes desafíos como la implementación de la jornada única en todas las IE oficiales de manera constante, sólo se pasó del 14.6% en el año 2019, al 19.9% en el 2023 del total de la matrícula en el sector oficial (LEE - Universidad Javeriana, 2025), beneficiando alrededor del 25% de los estudiantes de colegios oficiales del país (Ministerio de Educación Nacional, 2025). Siendo esta jornada un espacio necesario si se tiene en cuenta que la mayoría de padres y madres están trabajando o no tienen los suficientes recursos culturales para fortalecer el aprendizaje de sus hijos.

Es urgente además la cuestión de la calidad que centre buena parte de sus recursos y esfuerzos en el desarrollo del pensamiento científico. Colombia como parte de los países de la OCDE ha venido participando en las pruebas internacionales PISA (Programa  para  la  Evaluación Internacional de Estudiantes) desde el año 2006, con resultados por debajo del rendimiento promedio (75 puntos de diferencia), pese a que han mejorado los resultados del año 2006 al 2018, sigue estando muy por debajo del rendimiento promedio

La prueba Pisa 2018 en ciencia arrojó como resultado que:  Cerca de 50% de los estudiantes de Colombia están en un nivel 2, lo que corresponde en la media de la OCDE un 78% con competencias mínimas que indican que los estudiantes solo pueden reconocer  la  explicación  correcta  de  fenómenos  científicos  familiares  y  pueden  utilizar  dicho conocimiento  para  identificar,  en  casos  sencillos,  si  una  conclusión  es  válida  a  partir  de  los  datos proporcionados (Molina, 2023, pág. 4).

Así mismo los resultados de las pruebas Saber Pro dan cuenta del desempeño de nuestros jóvenes como lo refleja la siguiente gráfica:

Fuente: Elaboración propia a partir de (ICFES, 2026).

La gráfica permite visualizar el comparativo entre los años 2020 y 2025 en donde se toma por competencias genéricas; el mayor porcentaje de los y las estudiantes se encuentran en los niveles 2 y 3, sin embargo, se encuentran más estudiantes en el nivel 1 que el nivel 4, siendo este último el que representa el mejor desempeño. Si observamos los niveles más altos 3 y 4, en la competencia de comunicación escrita sube el porcentaje del año 2020 al 2025; inglés baja, lectura crítica no tiene mayor variación, razonamiento cuantitativo baja el porcentaje de estudiantes en niveles 3 y 4, competencias ciudadanas baja especialmente en el nivel 3. Ahora bien la competencia específica de pensamiento científico para la que solo encontramos los resultados del año 2025 es más desalentadora, dado que el 76.61% de los estudiantes se ubicaron en nivel 1 y 2. En nivel 4, la competencia en donde hay mayor porcentaje de estudiantes es la de inglés, sin embargo bajó del año 2020 a 2025 en poco más de 10 pp, y la competencia en donde hay menor proporción de estudiantes con nivel alto (4) es la de razonamiento cuantitativo, la cual bajó del año 2020 a 2025 en 2 pp.; en esta misma competencia para el año 2025 el 25.19% de los estudiantes tuvieron desempeño en nivel 1 que sería el más bajo o dependiente.

Colombia no destina siquiera 0.5 del PIB a investigación y desarrollo (I + D) cuando en promedio los países del a OCDE destinan el 2.7%; en comparación con países latinoamericanos, según la OEI para el año 2023 (OEI, 2025) Brasil destina el 1.19% y Argentina el 0.6%, sin embargo, en el país austral el gobierno Milei ha planteado recortes y ajustes a este sector provocando gran movilización por parte de la comunidad universitaria. Las competencias que hoy exige el avance tecnológico de la IA y la automatización de procesos, plantean retos profundos en los procesos educativos, en donde el pensamiento lógico y matemático van mucho más lejos que saber contar, fácilmente eso se hace con una calculadora.

La discusión sobre políticas educativas es urgente y requiere propuestas sólidas en torno al desarrollo de competencias, especialmente las científicas. Se requieren políticas de calidad en el sistema educativo público con jornadas únicas o complementarias en donde la niñez y juventud tenga espacios adecuados, con personal idóneo para potenciar el pensamiento científico, crítico y creativo. Los resultados de los exámenes dan cuenta del exiguo desempeño de la mayoría de estudiantes, así como de la alta brecha entre clases sociales, género y en los territorios.

Se demanda además la vinculación con las políticas de ciencia, tecnología y comunicaciones, de formación técnica y sobre todo de financiación a la educación superior pública, todas ellas deben posibilitar espacios reales desarrollo científico, técnico y tecnológico para dar respuesta a las necesidades que tiene el país en términos productivos, sociales y ambientales. Sin embargo, tras las espurias declaraciones de la ministra registradas por los medios masivos de comunicación sobre la ideología de género y demás, de manera soterrada se vienen configurando las andanadas para retomar el camino de la desfinanciación del sistema público especialmente universitario privilegiando fórmulas como las de subsidios a la demanda como lo fue el programa “ser pilo paga”, y estímulo al sistema financiero mediante becas del ICETEX. Así como las de otorgar al sector privado y religioso la prestación de la educación mediante sistemas de concesión y tercerización, como recientemente se plantea a través de un proyecto de decreto del MEN que modificaría el Decreto 1075 de 2015 para que privados puedan administrar IEs oficiales hasta por 12 años con contratación de personal bajo el régimen laboral privado, agudizando las condiciones laborales de las y los maestros.

Los movimientos sociales no pueden renunciar a la posibilidad de un proyecto cultural y educativo público, con un carácter crítico - científico que cuestione las relaciones en que estamos inmersos, que explique los fenómenos naturales y sociales actuales y que estimule la acción transformadora -praxis- para un proyecto de nación productivo, libre y soberano. Es enorme la tarea de escribir una nueva historia desde la clase trabajadora y para ello es necesario utilizar el lápiz crítico científico. Sin duda se trata mucho más que de contar, leer y escribir y por supuesto de superar el precepto de la obediencia por el de la inteligencia y la nueva sociedad. La comunidad académica, estudiantes, jóvenes, docentes, madres y padres de familia no podemos dejarnos entretener con los discursos mediáticos, debemos afinar la mirada para responder de manera unánime contra las políticas de desfinanciación y fragmentación del sistema educativo público.

Bibliografía

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