Ciclo político y de gobierno: Una mirada prospectiva general

Edgar Fernández,

Centro de Investigación y Pensamiento Crítico-PRAXIS

En buena hora las centrales obreras, las Asamblea Nacional por las Reformas y otras organizaciones sociales y políticas han convocado al “Encuentro por la defensa de la vida, la dignidad y la democracia…” para el próximo 11 de septiembre, en el que se espera concurran delegados de todas las organizaciones sociales y progresistas del país. Sentimos que el llamado da respuesta a la necesidad de encuentro y unificación amplia, en pro de un programa de acción y lucha que apunte a la construcción de una salida a la profunda crisis que se vive en el país, preocupación e iniciativa que se venía planteando desde varias organizaciones y espacios de lucha. Ante este importante paso, surge el reto de construir lecturas críticas y sobre todo prospectivas que ayuden a mejorar la calidad de las decisiones colectivas y hacerlas más pertinentes y fructíferas.

Es así que, a partir de lo que se conoce como” ciclo de gobierno” planteamos un “mapa, bastante general, sobre algunas circunstancias que posiblemente marcarán las agendas políticas y sociales. Tratándose de un mapa, su utilidad es la describir por encima un terreno a fin de que quien lo tenga que recorrer pueda avizorarlo y orientarse en el paisaje que le espera. Sin embargo, éste no describe el subsuelo con sus fallas y movimiento geológico, que en este caso corresponderían a las contradicciones, fuerzas, movimientos y posibles escenarios que se puedan suscitar entre los actores políticos. A pesar de ello, se espera que pueda brindar elementos a tener en cuenta en la toma de decisiones sobre una potencial agenda colectiva de luchas.

1.       Año cero: la transición en el primer cuatrimestre (2026)

A fin de consolidar su posición política dentro de la sociedad colombiana, los gobiernos procuran obtener éxitos tempranos que generen impacto y la sensación de que realmente “escoba nueva barre bien”. Algo de esto se ha visto en estas dos primeras semana con medidas como: el borrado de los doce decretos en el área laboral del pasado gobierno -que por demás ya señala contra quién se intentarán realizar los ajustes-, los bombardeos indiscriminados en áreas rurales en la pretensión de una gran ofensiva militar, la declarada persecución contra la población venezolana-en una total caricatura del ICE de los EEUU-, o el restablecimiento de relaciones con Israel y el reconocimiento de los Altos del Golán -que no es sino profundizar la legitimación del genocidio sobre la población Palestina.

Además, y probablemente durante el primer año o más, se gobernará con el retrovisor, a fin de justificar las medidas excepcionales que se pretenden implementar. Bastante de esto se ha adelantado al condenar al Pacto Histórico como una banda mafiosa y criminal, lo que se ahonda con la divulgación mediática del llamado “libro de la verdad”, cuyo contenido es una recopilación descuidada de denuncias hechas aquí y allá sobre supuestos procesos irregulares en la administración o en el manejo de recursos. Si bien es necesario que se revisen y juzguen todos los hechos de corrupción, aquí el objetivo declarado, y al que la gran prensa privada ha estado ayudando sin miramiento y descanso, es desgastar, deslegitimar y poner en el patíbulo a las dirigencias del Pacto Histórico, buscando desmoralizar a las masas populares para que no se atrevan a pensar o ejercer cualquier intento de cambio social. 

Pero el principal problema que enfrenta el nuevo gobierno es crear los medios por los cuales dar algún piso creíble a los “milagros” que se prometieron en la campaña, que no son ni pocos, ni pequeños. Por lo que se dijo, se trataría de llevar al país a un estadio de crecimiento y bienestar en el cual no sólo se resuelven los problemas fundamentales de la sociedad, sino que además ella misma se transforma en un sentido ultra-conservador de talante fundamentalista, tal como fallidamente lo pretendió Laureano Gómez en su momento. Ante tal reto, un aspecto será el desarrollar una profunda batalla político-cultural por transformar la “sociedad civil” en sentido retrógrado -aspecto que perseguirán de forma permanente, pero que aquí no consideraremos- y el otro, más pragmático, y por ello más limitado, será la definición del Plan Nacional de Desarrollo-PND.

El gobierno cuenta con seis meses para presentar el PND ante el Congreso (7 de febrero), abriéndose un periodo máximo de tres meses para su aprobación en el Congreso, y de no ser así podría ser sancionado vía decreto presidencial, algo no deseable. Por tanto, se trata de un periodo que consume importantes esfuerzos del gobierno a fin de establecer acuerdos y negociaciones con las diversas facciones partidarias y del capital. No obstante, los inicios de los mandatos gubernamentales por lo general permiten importantes arrestos para afrontar el reto, en tanto el primer año suele corresponder a la “luna de miel” entre el gobierno y los partidos.

Mas no ocurre así con las diversas fuerzas del movimiento social, las que ya empiezan a ver cómo se toman medidas en contra de los y las trabajadoras, del campesinado, de los sectores indígenas, de la educación pública, de la igualdad de género, o por violentar los ecosistemas vitales del país. Es así que la definición del PND puede convertirse en una gran amenaza sobre los pocos derechos y condiciones de vida de las mayorías populares, los que han implicado décadas de dura lucha, y hasta cuantiosas vidas, para ser alcanzados. En tal pulso pesará la calidad de propuestas y la capacidad para mover fuerzas en las calles y dentro del Congreso.

Además, la aprobación del PND estará sujeta a que el gobierno conceda ventajas y recursos en favor de las diversas vertientes del capital que descaradamente le financiaron. Por eso, la contradicción entre los intereses de los capitales “nacionales” y los extranjeros podrá recalentarse, en la medida que no siempre sus intereses coinciden. Aquí se pondrán en juego grandes concesiones y normas en la explotación de gas, petróleo, minería, tierras –especialmente en la altillanura-, administración de recursos de la salud, la educación pública y fuentes de crédito al Estado, perspectiva en la que ya se han hecho anuncios sobre entregas de grandes masas de capital público para algunos de estos sectores privados.

Asimismo, el ajuste del Plan de Desarrollo deberá enfrentar las demandas de recursos que generó el reciente terremoto. Y esto sucede en un marco fiscal estrecho y contradictorio, ya que el gobierno pretende reducir ingresos por impuestos al capital y trasladarles más recursos, bajo el supuesto de que será capaz de lograr una compensación mediante el recorte drástico del tamaño del Estado, muy a pesar de que en las últimas tres décadas se haya fracasado en esa pretensión (al respecto ver el artículo “Los cruciales aspectos de la reconstrucción[1]”). En resumen, la aprobación del PND tensionará las contradicciones sociales en la medida que los recursos son limitados y los intereses en juego son mayúsculos.

Y como se ha mencionado, el gobierno cuenta con la luna de miel del primer año, debiéndose sumar el apoyo que recibe de las fuerzas ultraderechistas del extranjero, en particular de su jefe directo: Mr.Trump. Es por esto que los resultados de las elecciones legislativas de noviembre en ese país serán de gran importancia, pues ellas podrían indicar hacia dónde se mueve la balanza. Por lo pronto las cosas no van muy bien para la MAGA de Trump, dado que la guerra contra Irán va muy mal y eso ha recortado bastante su popularidad incluso entre los mismos republicanos, todo ello sin contar con las crecientes dificultades de aranceles con Canadá, la inflación y el crecimiento imparable de la deuda pública, que acaba de superar los 40 billones de dólares. En resumen, un avance del Partido Demócrata, como ahora se avizora, sería un anuncio de que las posturas ultraconservadoras -como la que representa el actual gobierno- podrían ir perdiendo su base externa de respaldo, contexto que podría empezar a develar que el tigre es un macilento minino atado a piolincitos que se mueven desde el norte.  

Año 1: Consolidar la base de gobernabilidad (2027)

Mucho de lo que potencialmente pueda suceder en el año uno y dos está asociado a cómo evolucionen las contradicciones sociales en el primer semestre y cómo ellas se consoliden en el PND. También de que tanto avance la ultraderecha en la conservadurización de la sociedad, lo que depende de su guerra cultural[1]. En ello, los efectos del terremoto -y el cómo sea la respuesta- y el impacto del esperado ciclo de sequía van a ser importante, en tanto impactarán en el presupuesto público, el control de la inflación y con ellos en la credibilidad del gobierno.

Y es posible que ante las potenciales y crecientes dificultades antes descritas, tienda a prevalecer el criterio de gobernar con el retrovisor, acusando del desastre social al gobierno anterior. Calificativos altisonantes y propagandísticos como la patria miseria, el régimen de la corrupción o la peor de todas las crisis seguirán siendo muy utilitarios para desviar la atención, en especial cuando falten resultados creíbles. Pero además, este tipo de formas políticas permite desviar –como el mago- la mirada y la atención del público hacia otro lado, uno lejano de aquel donde se cocinan las grandes repartijas y negocios.

En ese sentido, producir la imagen acrecentada del enemigo hasta convertirlo en una gran amenaza existencial para la sociedad es vital, en cuanto por esta vía se crean situaciones de excepcionalidad que permiten ejercer el gobierno con menores cortapisas legales. Al respecto, la guerra contra las bandas, narcotraficantes, la “banda criminal” del Pacto Histórico y los venezolanos son formas de un mismo libreto de esa guerra por salvar la patria y refundarla desde sus más puros cimientos. Y la lógica violenta que encierra tal adanismo es siempre del tipo absoluto: “si estoy con Dios, quien contra mí” (Romanos 8:31).

De allí que sea factible que sean prolíficas las medidas excepcionales que den rienda suelta a las fuerzas oficiales para que se desmanden en su acción militar y paramilitar, tal como ya ha ocurrido en las décadas pasadas. De sucederse así, se trataría de un momento de sumo cuidado para los movimientos sociales y las fuerzas progresistas, que podrían ser golpeadas bajo el manto de una campaña por salvar los fundamentos de la patria. Ante tal panorama, mucho de lo que se haga y construya entre fines del 2026 y 2027 será fundamental para enfrentar estos potenciales escenarios.

Además, hacia junio el gobierno ya tendrá vía libre en su mandato, en la medida que se apruebe el PND y empiece a ejecutarlo. Sin embargo, tal proceso de implementación resultará mediatizado por las campañas y los resultados de las elecciones municipales y regionales, que deben realizarse en octubre de 2027. Por lo pronto, el gobierno cuenta con importantes fuerzas en las regiones, y hacia ellas orienta su mandato, al menos mediáticamente.

No obstante, hay que tener presente que la ultraderecha está dividida en tres fracciones: Firmes, Cabal y Centro Democrático, entre las cuales se han estado abriendo amargas grietas. A eso se agrega que la derecha es una multiplicidad de partidos y fracciones (Liberal en sus varias vertientes, Verdes, la U…). Y, además, en las elecciones municipales y regionales suelen primar las alianzas pragmáticas guiadas por los intereses particulares, las cuales rebasan los más que gaseosos límites partidarios, en cuanto que el objetivo es acceder a la dirección de las entidades públicas y sus arcas, base sobre la cual se reproducen los partidos, en términos económicos y de reconocimiento.

Por tanto, lo que hoy es armonía y unidad en torno al Presidente, fácilmente mañana se podría trocar en discordia y puñaladas por la espalda, posibilitándose que la misma gobernabilidad nacional salga maltrecha. De ese vino amargo ya bebió el Pacto Histórico en 2023, momento en el cual sufrió una importante derrota que le impidió consolidar la perspectiva de cambio hacia las regiones. Y hay que recordar que ese resultado definitivamente le dificultó mucho más su exigua gobernabilidad, al estar en minoría en el Congreso.

Por consiguiente, es necesario considerar el calendario electoral, en la medida que el Pacto Histórico, en sus diversas fracciones, ancla con mucho sus ilusiones en el acceso a la institucionalidad burguesa. Aquí hay que tener en cuenta la extensión real del proceso, porque inicia este año, en octubre, con recolección de firmas, se extiende a junio de 2027 como fecha para consultas internas o interpartidistas, lo que indica que parte de ese semestre se podría consumir en disputas internas; y sólo en octubre se realizarán las votaciones. Tal calendario es importante a la hora de considerar escenarios de lucha social en la calle,ya que parte de las fuerzas progresistas privilegiarán su actividad electoral, a por ejemplo, el impulso de un paro.

Incluso, durante todo este primer año el gobierno posiblemente contará con importantes márgenes de reconocimiento y maniobra social. Esto porque cuenta con el respaldo de los principales gremios capitalistas, de los partidos de ultraderecha y derecha, de las iglesias y con la publicidad de las principales empresas capitalistas de comunicación. Por lo tanto, se trata de un intervalo de tiempo en que el gobierno y la fracción de poder serán fuertes, tanto que seguramente intensificarán su contrarreforma social conservadurizante.

Es así que desarrollar espacios de enfrentamiento de gran magnitud implicaría aceptar un pulso en un momento en el que dos grandes fuerzas de la sociedad que se muestran empatadas, con lo cual el desenlace podría ser muy incierto y tal vez muy costoso. Más sin embargo, no hacer nada frente a los abusos, los que seguramente serán crecientes, también podría desanimar y desactivar las masas populares, abriéndose un gran interrogante sobre la agenda de luchas por desarrollar.

3.      Año dos: año de la ejecución (2028).

La descripción convencional del ciclo político de gobierno lo grafica como una u invertida, con lo cual tendría un punto máximo, que por lo general se corresponde a este año. Y sería así, porque una vez redefinido el mapa político a nivel nacional y regional, se torna necesario centrarse en la ejecución de la estrategia de gobierno. Así que todo dependerá sobre cómo se haya actualizado la red de relaciones partidarias, en qué medida satisficieron las demandas de los principales gremios capitalistas, y de la capacidad de respuesta del movimiento social.

Se trata, por tanto, de un año definitivo para consolidar las reformas conservadurizantes que se han prometido como milagros. En especial cobrará juego la iniciativa de reducir el tamaño del Estado, lo que indica que muchas de las actividades y servicios que están a cargo del Estado -por tener un carácter primariamente social- se intentarían entregar como cuota de mercado a algunas fracciones del capital. Ejemplo claro de esa tendencia es la iniciativa de entregar parte de la actividad pedagógica y administrativa de la educación pública a las iglesias y al sector privado, dirección en la que también podrían ser orientadas la nueva EPS, otra fracción de Ecopetrol, o del sector energético. 

A esas alturas ya debe haberse direccionado y consolidado la forma efectiva en que se administrará el recurrente problema de financiamiento, que arrastra el gobierno nacional desde hace décadas. Es factible que la realidad de las finanzas haya demostrado que la reducción del tamaño del Estado capitalista es más un buen deseo que un hecho posible. En consecuencia, se impondría la necesidad de una reforma tributaria, a través de la cual se cubran las necesidades tanto del terremoto como de trasladarle más recursos a sectores como salud y energía, según lo ha propuesto el mismo gobierno.

No obstante, es factible que tal decisión se desplace en el tiempo. Y como el gobierno se mantiene en la idea de rebajar impuestos e ingresos y crear una especie de hueco por 162 billones, es probable que tienda a apretar sus dientes fiscales contra los trabajadores de ingresos medios.

Y si bien el segundo año se asocia a una mayor vigorosidad de los gobiernos, en su camino se empiezan a atravesar las elecciones futuras a Congreso y Presidencia. Parece pronto, pero así funciona el proceso político en un país capitalista cuya acumulación de capital depende con mucho de las rentas derivadas de la ventajosa acción legislativa y estatal. En consecuencia, a medida que se vayan perfilando las candidaturas, en esa misma medida crecerán los distanciamientos partidistas con el gobierno e irán apareciendo los titulares sobre corrupción y las riñas interpersonales, lo cual implica que también se limitarán las posibilidades de acuerdo y negociación.

Y si la gobernabilidad se empieza a agriar por cuenta de las futuras elecciones, más se podría dificultar de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2028 en los EEUU. Las primarias deberán realizarse entre enero y junio, y las Convenciones Nacionales entre julio y agosto, para finalizar en la elección el 7 de noviembre. El resultado será de crucial importancia para un gobernante determinado por Trump y su camarilla, y que responde en pleno a su agenda de dominio internacional.

Por lo pronto, las tendencias señalan grandes dificultades para la continuidad del Partido Republicano, todas derivadas de su negación de los principios básicos liberales y su descarada política imperialista, con la cual se ha intentado machacar incluso a sus aliados históricos como Canadá, Reino Unido o Francia. Así que, de sucederse un giro hacia el Partido Demócrata, temas como derechos políticos, ciudadanos, humanos, ambientales, de género y laborales podrían recuperar “alguna” vitalidad, con lo cual el discurso autoritario con el que pretende avanzar el actual gobierno empezaría a ver deshilachada su base ideológica.

Y, aunque históricamente la relación subordinada del Estado de Colombia respecto al de los EEUU se mantiene regulada por el conjunto de instituciones como el Congreso o los pactos internacionales, el cambio de gobierno puede generar impactos decisivos. Así quedó demostrado en el gobierno de Duque, cuando el gobierno y su partido –el Centro Democrático- tomaron partido abierto por Trump contra Biden, equivocándose totalmente. El resultado fue un fuerte distanciamiento con el gobierno de los EEUU, que luego se cristaliza, por ejemplo, en presiones sobre violaciones en DDHH en el marco del estallido social.

El riesgo estriba entonces en que definitivamente la imagen de tigre devenga como minino macilento y pueda hasta perder los hilitos a los que responde, quedando así en parte a la deriva, si se le juzga desde el campo internacional.

4.       Año tres: hacia la recta final (2029)

El tercer año de gobierno marca el punto de cumbre e inicio del descenso en el respaldo que puede acompañar a un gobierno. En este punto empiezan a pesar las realidades, las contradicciones sociales que ilusamente se pretenden gobernar y superar por vía normativa, las que se traducen, por lo regular, en resultados mediocres frente a los altisonantes milagros que siempre se prometen en campaña. A esas alturas de poco vale echarle la culpa al gobierno anterior, o achacar la crisis del país a las fingidas sombras que se alzan contra la patria con el fin de desconocer las tremendas desigualdades sociales que generan diversos tipos de violencia.

Es así que, por lo regular, la permanencia de los grandes problemas, cuando no su profundización, se traducen en fuertes caídas de popularidad del gobierno. A esto se suma que los partidos definitivamente se perfilan en sus campañas electorales a Congreso y Presidencia, y en forma decidida tienden a tomar distancia de la gestión gubernamental, pasando a posar de críticos e independientes a fin de ganar simpatías y votantes. En consecuencia, se tornan más costosos los acuerdos y a la vez el gobierno pierde campo en su gobernabilidad, en especial porque suele ser políticamente rentable destapar los chanchullos y generar escándalos políticos, los que sistemáticamente tienden a desgastar más la imagen del gobierno.

Además, las dificultades financieras del Estado suelen brotar con toda claridad, de allí que la realidad tienda a imponer la necesidad de reformas fiscales para ajustar las cuentas macroeconómicas, abriéndose definitivamente una brecha que requiere ser administrada con gran tacto político y social, puesto que los respaldos internos y los internacionales pueden no estar alineados en favor del gobernante de turno.

Al respecto, es muy ilustrativo recordar que el estallido social sucedió entre abril-julio de 2021, durante el tercer año de Duque. Por entonces, y ante las crecientes dificultades de financiamiento estatal, el gobierno concibió e impulsó una reforma tributaria que pretendió cargar en contra de los trabajadores de ingresos medios, tras haber irrigado cuantiosas sumas de recursos a los grandes capitalistas en el año anterior. En ese momento la credibilidad del gobierno estaba a la baja, en particular porque el partido de gobierno –Centro Democrático- había perdido las elecciones en las principales ciudades del país - Bogotá, Medellín, Cali-, y además la coalición de gobierno presentaba fisuras, las que facilitaron que varios partidos le retirarán el apoyo a la propuesta de reforma tributaria.

Este conjunto de elementos (perdida de respaldo de los EEUU y de parte de los partidos, crisis fiscal, fuerte cansancio en las masas populares y cenit del gobierno), jugó en contra del decadente gobierno y a favor de que las masas populares transformaran el llamado a un día de paro nacional -que había sido realizado las centrales obreras- en un gran estallido social que trastocó el país durante cerca de sesenta días.  

Por supuesto, la historia y sus escenarios no se repiten de forma simple. Con dificultad tal entrecruzamiento de hechos podría volver a conjugarse y esperar tres años para que se suceda una gran movilización nacional contra el abuso que se pretende instalar sería condenar a las masas a la sumisión. Al respecto, hay que tener en cuenta que los momentos en que irrumpen las grandes crisis se asemejan al rayo en medio de la tormenta, consisten en el momento en que las fuerzas acumuladas crean un detonante. Y, tratándose de la vida social y política esos detonantes suelen ser imprevisibles, por cuanto la indignación brota con mucha espontaneidad, tal como la gota que desborda el vaso.

5.       Año cuatro: en el cierre (2030)

Políticamente el cuarto año inicia en el último trimestre del año anterior, debido a que el país resulta inmerso en la novelesca disputa de la campaña electoral. La rochela y el bochinche invaden y carcomen cada célula de la vida nacional, resultando en que los diversos medios publicitarios cobran relevancia, en cuanto son vitales para fabricar escándalos, improperios y nuevos“salvadores de la patria”. Y a su paso, le siguen las masas, siempre necesitadas, como el borracho tras la banda del pueblo en la alborada musical.

Y en ese contexto, el juego político tiende a ser caricaturizado como la disputa entre el continuismo de los de siempre y la renovación a fondo del país. Bajo este contexto, las dirigencias de los partidos hacen cuentas, refuerzan sus compadrazgos y redefinen sus posiciones. Así discurre las típicas elecciones a Congreso, en marzo, que se tornan como un primer examen del balance partidario, y sobre el cual se tranzan los negocios a futuro, en la medida que cada respaldo o rechazo de los recién elegidos congresistas abona una cuota potencial de votos a las campañas a la presidencia, la que se realiza entre mayo y junio.

En consecuencia, la política se desplaza del Congreso, que virtualmente se cierra –y de las demás instituciones (IAs)- hacia el “festival” de calles y veredas, desplazándose como un vendaval cuya fuerza pareciese prohibir las grandes movilizaciones populares en reclamo de transformaciones. Allí radicó precisamente la virtud de la entonces Colombia Humana, en la medida que previó la fiesta y encauzó el descontento del estallido social de 2021 por el carril de la alborada musical. Así, fenece un mal gobierno para que –como si fuese inevitable- devenga otro que se autoproclama salvador, constituyéndose una especie de cadena mediante la cual los problemas fundamentales del país son desplazados, como si se tratara de la arruga del mantel.

6.       Las adiciones pendientes

En esta breve descripción no hemos tomado en cuenta las determinantes referidas a las contradictorias condiciones de acumulación de capital y los necesarios ciclos de auges y crisis. Tampoco hemos considerado las condiciones de organización, de respuesta y lucha de las fuerzas políticas, en particular las de los sectores proletario populares. Todos esos elementos será necesario incorporarlos a necesarias reflexiones futuras –especialmente en colectivo- sobre los escenarios potenciales que podrían configurarse en el futuro inmediato.

Por lo pronto, sobre el primer aspecto se puede señalar que el proceso de cambio tecnológico en curso se está manifestando como una gran burbuja especulativa en el sector de la IA. Se trata de un escenario caracterizado por empresas que arrojan perdidas, pero hacia las cuales fluyen varios cientos de miles de millones de dólares al año (650 mil millones en 2027), inversiones que se mueven mediante una telaraña piramidal y se sostienen con creciente emisión de deuda privada. A eso se agrega un contexto donde la deuda pública de los EEUU sobrepasó los cuarenta billones, y se muestra abiertamente insostenible, toda vez, que no se logra consolidar un relanzamiento creíble en la estructura productiva de ese país.

Y este elemento es importante para un país -y un gobierno- que ha atado su futuro inmediato a lo que suceda en los EEUU. Es así que una eventual crisis en el centro capitalista podría tener significativas repercusiones para el comercio nacional, y el financiamiento que se viene recibiendo. Flujo que, por demás, ya muestra resultados preocupantes –mucho más que el mismo problema fiscal-, en la medida que la entrada sistemática de dólares revalúan fuertemente el peso y crean fuerzas potenciales de una destorcida que se podría caracterizar por una salida abrupta de divisas y con ellas producirse el repentino quiebre de todas las previsiones, y por lo tanto, de los mismos circuitos de comercio, finanzas y acumulación.

En resumen, si bien el cambio de gobierno ha sido percibido como un duro golpe a las fuerzas de los movimientos sociales y progresistas, debido al talante violento y ultraconservador que se emana en sus declaraciones, es también necesario tener en cuenta que potencialmente la burguesía del país se esté dando un tiro en el pie, al promover o permitirle largas al actual gobierno, en tanto la mezcla de ineptitud y vanidad que caracterizan al nuevo gobernante pueden generar escenarios totalmente contrarios a los de la refundación sustantiva que promueven, y muy por el contrario cosechar grandes tormentas.

De otro lado, el movimiento social y popular enfrenta una serie de retos organizativos propios que vale la pena enunciar, en cuanto se deberán encarar en los próximos años.

Como se desprende de la descripción anterior, el movimiento social deberá moverse entre la represión que promete el gobierno y el tutelaje que ha venido caracterizando la relación con una parte de la dirigencia del Pacto Histórico. Esta segunda relación, la de “tutelaje”, necesita ser superada con urgencia, en la medida que constriñe la iniciativa y capacidad de respuesta frente los retos crecientes que la misma realidad –y de repeso- el gobierno vienen a imponerle. La disputa por lograr mayor autonomía tanto en las iniciativas como en las respuestas deberá ponerse en juego en los grandes eventos nacionales, tanto de reflexión -como el del próximo 11 de septiembre- pero por sobre todo en los escenarios de lucha directa, que de seguro deberán desplegarse en el periodo por venir.

Y en esos propósitos resulta importante mencionar algunos retos. Uno de ellos consiste en que las centrales obreras –en especial la CUT- retomen las bases políticas y programáticas por las que fueron fundadas. Así, en dirección a un nuevo sindicalismo que recupere su sentido de clase; es también vital la promoción y organización de los trabajadores temporales y precarizados, en cuanto ellos componen la mayoría de la clase trabajadora del país, fuerza que a la larga definirá los rumbos estratégicos en el futuro próximo, siendo determinante dentro de ese componente la mal llamada juventud “ni-ni”, cuya capacidad de acción fue el nervio constituyente del estallido social de 2021. Y toda esta fuerza acumulada, junto a las demás organizaciones sociales y populares, requiere seguir construyendo espacios dirigidos hacia la Asamblea Popular, bregando porque sus diversos “ensayos” se conviertan en un espacio permanente que permita tomar las decisiones estratégicas de la lucha proletario-popular.

De aquí que la reflexión es continua y crítica, en conjunto con la organización y movilización popular sean condiciones necesarias que impone el nuevo contexto a los diversos movimientos sociales, siempre en el propósito de lograr una salida proletario-popular a la grave crisis que enfrenta el país.

Bibliografía:

[1] https://www.centropraxis.co/post/los-cruciales-aspectos-de-la-reconstrucci%C3%B3n

[2] Un buen ejemplo de la guerra cultural se encuentra en “La CIA y la guerra fría cultural” de Frances Stonor Saunders

[3] Un buen ejemplo de la guerra cultural se encuentra en “La CIA y la guerra fría cultural” de Frances Stonor Saunders